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Las juezas Claribel Nivar, Yisell Soto y Clara Castillo, que conforman el segundo tribunal colegiado del D.N.
La frustración de las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, ante lo que consideraron “irresponsabilidad” del Ministerio Público, imputados y defensas en el caso Antipulpo y la “desconsideración” por parte del legislador dominicano, fue evidenciada la madrugada del jueves por la presidenta del tribunal, Claribel Nivar. Luego de diez días de deliberaciones, subieron al estrado a las 11:51 de la noche para emitir una sentencia, originalmente programada para las 11:00 de la mañana de ese mismo día.
La magistrada Nivar atribuyó la demora en la sentencia principalmente a estas dos razones.
Explicó que la acusación, de la que el tribunal tomó conocimiento el 10 de mayo de 2023, “es extremadamente extensa, muy voluminosa”. Desde entonces, celebraron 127 audiencias, “que han significado para las juezas una gran cantidad de horas consumidas sentadas”, no solo en el estrado sino también en el despacho judicial con su equipo de coordinación, para responder a las solicitudes de las partes.
Indicó que en el país existe lo que se llama “libertad probatoria, pero reglada”, lo que significa que bajo esa premisa no debe incluirse todo lo presentado, sino únicamente aquellas pruebas que se obtuvieron conforme a los principios que la rigen, explicó.
Informó que el MP presentó un total de 1,977 pruebas, la parte querellante 100, y las defensas 1,020, sumando un total general de 3,397 pruebas. Recordó que las pruebas presentadas por el órgano acusador provienen de los expedientes correspondientes al período de ocho años (2012-2020) que abarca la acusación.
Añadió que, sin embargo, en los expedientes que el fiscal presentó al tribunal, “en contenedores excesivos”, había expedientes y documentos que databan de fechas anteriores a 2012. Según la magistrada Nivar, esto ocurrió porque el órgano acusador, en su investigación, acudió a todas las instituciones estatales, realizando allanamientos en los domicilios de las personas físicas y jurídicas, “y todos los expedientes organizados en esas instituciones, contenedores de pruebas sin depurar, fueron recibidos por el tribunal”.
Agregó que durante los debates, muchas defensas afirmaron que varias de esas pruebas no estaban relacionadas con el caso Antipulpo y que habían sido presentadas por el MP “para generar volumen”. Nunca especificaron cuáles.
“Eso significa que todas las partes de este juicio, tanto con las pruebas de la acusación como las de la defensa, le traspasaron la responsabilidad a las juezas para que el tribunal pudiera determinar cuáles eran esas pruebas que no estaban relacionadas con el caso”, se quejó.
Añadió que, a pesar de esto, en cumplimiento de su obligación de evaluar de manera integral cada elemento de prueba presentado en el juicio, tuvieron que profundizar en el análisis de cada prueba incorporada para determinar la verdad, lo que les tomó mucho tiempo.
Dijo que también pusieron bajo la responsabilidad del tribunal el sistema financiero que involucró a todas esas empresas y a todos los imputados, especialmente aquellos acusados de lavado de activos.
“Estos archivos de información financiera vinieron comprimidos con un gran volumen de archivos, y hubo varias pruebas similares, no solo esa. Por ejemplo, la prueba 1,828, al acceder al archivo, encontramos aproximadamente 23,409 cheques”, subrayó.
Señaló que también hubo casos en los que lo que se presentaba como prueba documental, “tenía más de 70 anexos con documentos que el tribunal tuvo que leer, analizar y verificar si cumplían con los requisitos de legalidad para ser valorados, tal como establece el artículo 166 del CPP”.
La magistrada Veras afirmó que, para realizar este trabajo dentro de los plazos establecidos por la ley, trabajaban en el caso “24/7” (las 24 horas, los 7 días de la semana), de forma continua.
“Desde que nos retirábamos a deliberar, de lunes a lunes, pasadas las 2, 3 o 4 de la mañana, estas tres juezas se quedaban para dar respuesta en el plazo adecuado y definir este caso”, expresó la jueza con muestra de indefensión.
Además de Claribel Nivar, quien preside, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional lo integran las magistradas Yosell Soto y Clara Castillo.
Las tres cuentan con una amplia y sólida trayectoria en la carrera judicial.
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