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Washington. La ofensiva arancelaria iniciada esta semana por el presidente Donald Trump dejó numerosos perjudicados, desde países pequeños y con pocos recursos como Laos y Argelia, hasta socios comerciales opulentos de Estados Unidos, como Canadá y Suiza. A partir del 7 de agosto, se verán enfrentados a gravámenes particularmente elevados sobre los productos que exportan al país norteamericano.
En muchos sentidos, aquí todos pierden, afirmó Barry Appleton, codirector del Centro de Derecho Internacional de la Escuela de Derecho de Nueva York.
Apenas seis meses después de su retorno a la Casa Blanca, Trump demolió el antiguo orden económico global, cimentado en reglas acordadas. En su lugar, se establece un sistema donde el propio republicano fija las normas, valiéndose del descomunal poderío económico estadounidense para sancionar a los países que no acepten acuerdos comerciales unilaterales, y obteniendo enormes concesiones de aquellos que sí lo hacen.
El mayor beneficiado es Trump, señaló Alan Wolff, antiguo funcionario comercial de Estados Unidos y subdirector general de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Apostó a que podría llevar a otros países a la mesa de negociaciones mediante amenazas, y lo consiguió de manera rotunda, indicó.
Todo se retrotrae a lo que Trump denomina Día de la Liberación -el 2 de abril-, fecha en que anunció impuestos recíprocos de hasta el 50 por ciento sobre las importaciones de países con los que Estados Unidos mantenía déficits comerciales, y un 10 por ciento de impuestos básicos a prácticamente todos los demás.
Invocó una ley de 1977 para declarar el déficit comercial como una emergencia nacional que justificaba sus impuestos generalizados a las importaciones. Eso le permitió eludir al Congreso, que tradicionalmente ha tenido autoridad sobre los impuestos, incluyendo los aranceles, todo lo cual ahora está siendo impugnado en los tribunales.
Trump dio marcha atrás temporalmente tras su anuncio, que provocó una caída en los mercados financieros, y suspendió los aranceles recíprocos durante 90 días para dar a los países la posibilidad de negociar.
