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Binghamton. Binghamton, una comunidad universitaria al noroeste de Nueva York, es una de las muchas localidades de Estados Unidos donde las medidas antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump encuentran oposición local persistente, que en algunos lugares ha servido como catalizador para la creación de nuevos movimientos políticos e incluso “ferrocarriles subterráneos” para resguardar a los extranjeros.
Imágenes y videos de redadas y enfrentamientos con oficiales federales en grandes ciudades como Los Ángeles han acaparado los titulares en los medios informativos del país, pero más allá de esas imágenes virales, el gobierno federal ha intentado expandir sus operativos antiinmigrantes en pueblos y comunidades, con la colaboración de autoridades locales y estatales.
Esta semana se supo que el gobierno federal planea movilizar a miles de efectivos de la Guardia Nacional, que casi siempre están bajo el mando de gobernadores, a estados con autoridades conservadoras para apoyar las detenciones de personas sin documentos de residencia, tanto en grandes urbes como en pueblos, según informó The New York Times. Pero también hay esfuerzos para reclutar fuerzas de seguridad pública locales, incluida su infraestructura, para la agenda antiinmigrante.
Las cárceles locales se han vuelto componentes cruciales en la implementación de la agenda de arrestos y deportaciones masivas de Trump. Esto se debe a que, en la mayoría de los estados, esas prisiones son las únicas instalaciones disponibles para albergar a personas detenidas por el servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según un reporte de la Prision Policy Initiative.
Apoyo conservador
La colaboración más extensa con el gobierno federal en este ámbito se da en estados con autoridades republicanas conservadoras, como Florida y Texas, pero el Migration Policy Institute constató que muchas jurisdicciones locales mantienen políticas de santuario que prohíben o limitan la cooperación de las fuerzas de seguridad pública locales con las agencias federales de control migratorio.
El gobierno de Trump presiona a las autoridades locales para que colaboren cada vez más, entre otras cosas, con la apertura de sus cárceles para detener a migrantes. Mientras que los datos de ICE registran que 57,200 personas fueron detenidas en promedio en junio, un conteo más amplio revela que el número de arrestados en el sistema de migración es 45 por ciento mayor, alrededor de 83,400 personas, según la Prision Policy Initiative.
A pesar de la presión del gobierno federal, el Migration Policy Institute informa que casi el 60 por ciento de la población estadounidense vive en jurisdicciones que, hasta finales de julio, no habían firmado acuerdos para cooperar con las autoridades de migración federales.
Aún en las regiones donde sí se han firmado acuerdos de cooperación, existe una creciente protesta pública en contra de estos pactos de colaboración.
El pueblo de Binghamton y el condado de Broome, donde se encuentra, son una de esas zonas que rechazan la cooperación. El alguacil local, el conservador Frederick Akshar, firmó un acuerdo de colaboración con ICE en marzo, y casi de inmediato, personas dentro de la cárcel local reportaron un flujo de nuevos reclusos que hablaban español u otros idiomas. “La gente que normalmente visitamos en las prisiones nos alertaron de esta tendencia”, comentó el activista local Bill Martin en una entrevista con La Jornada.
Ciudadanos Preocupados de Binghamton, una coalición local que incluye iglesias, organizaciones de mujeres y otras agrupaciones comunitarias, ha trabajado en defensa de los derechos de las personas recluidas en ese condado durante años, y forman parte de una coalición estatal que ha logrado reducir las poblaciones encarceladas durante esta última década, a la vez que exigen mejores condiciones para los reclusos, incluyendo libros, acceso a abogados y visitas familiares.
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