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SANTO DOMINGO.- La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, pospuso para el venidero 2 de septiembre la audiencia para la revisión obligatoria de la medida de coerción contra Yves Alexandre Giroux, uno de los principales líderes de la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario del Caso Guepardo.
En la audiencia también se analizará la petición de cambio de recinto penitenciario realizada por el imputado.
La magistrada tomó la decisión con el objetivo de citar a los querellantes.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana comunicaron que solicitarán que se mantenga la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Giroux, debido a la seriedad de los hechos y al riesgo de fuga.
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Giroux cumple la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís. El privado de libertad intentó ser trasladado a la cárcel pública de El Seibo, lo cual le fue denegado por el tribunal.
El pasado 11 de julio, la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís confirmó la prisión preventiva por 18 meses a las imputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, estableciendo que es un hecho de gran relevancia para la sociedad y que existen elementos que el Ministerio Público señala que justifican que se investigue en estado de prisión.
En lo que respecta a Loany Ortiz, cabecilla de la estructura junto a Yves Alexandre Giroux, se informó que aún se encuentra detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición solicitado por el Ministerio Público dominicano y se espera que sea enviada cuanto antes al país, para que rinda cuentas por sus actos.
La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, mediante la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.
En el transcurso de las investigaciones se ha establecido que los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$18,851,583, además de que han sido incautados bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se decomisaron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante.
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