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En el siglo XX, la justicia en América pareció ser muy flexible en la persecución penal contra exmandatarios acusados de corrupción, actos antidemocráticos o violaciones de derechos humanos. En las últimas dos décadas, la lista de perseguidos se incrementa y no deja de crecer.
Colombia y Brasil se encuentran en medio de una fuerte agitación política tras los fallos judiciales contra los expresidentes Álvaro Uribe y Jair Bolsonaro. El primero, condenado por sobornar testigos en un proceso judicial, y el segundo enfrentando juicio por acciones antidemocráticas luego de perder las elecciones de octubre de 2022.
En junio pasado, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por corrupción en obras públicas durante su mandato. Su caso llegó a la Corte Suprema, que confirmó la pena de seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para participar en política.
Estos tres casos comparten un denominador común: han generado polarización en sus respectivos países, donde las fuerzas de izquierda o derecha se consideran perjudicadas injustamente, según la ideología del exmandatario. En los tres casos, los seguidores de los imputados y/o condenados afirman airadamente que se trata de una persecución política, aunque las pruebas a menudo sugieren lo contrario.
En el siglo pasado, el juicio al expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, condenado en 1994 por malversación de fondos, fue noticia internacional. No significa que no hubiera corrupción o actos antidemocráticos. ¡Por supuesto que los hubo!… y muchos, pero la justicia parecía adoptar la postura de los tres monos sabios: no ver el mal, no oír el mal y no hablar del mal. Dicho de otra manera, la justicia era parte de la impunidad reinante.
El nuevo siglo trajo un cambio profundo en este sentido. Tanto es así que el número de exgobernantes que han sido alcanzados por la justicia es grande y la cantidad de condenados no es poca cosa, lo que representa un buen mensaje en la lucha por la transparencia al gobernar.
El mensaje ha sido claro. Esta es una lista de los expresidentes procesados y/o condenados por diversas causas, principalmente corrupción, abuso de poder o violaciones de derechos humanos: Augusto Pinochet (Chile), Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Menem (Argentina), Fernando Collor de Melo, Lula Da Silva y Jair Bolsonaro (Brasil), Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Kuczynski, Martin Vizcarra y Pedro Castillo (Perú), Abdalá Bucaram y Rafael Correa (Ecuador), Antonio Saca y Mauricio Funes (El Salvador), Alfonso Portillo, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina (Guatemala), Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares (Panamá), y Juan Orlando Hernández (Honduras).
Los casos de Uribe, Bolsonaro y Fernández de Kirchner han generado gran agitación política en sus respectivos países.
En Colombia, el fallo ocurre a pocos meses de las elecciones, y los ánimos se encendieron antes de que se conociera la sentencia. Mientras algunos consideraban que las pruebas contra Uribe eran claras -testimonios con detalles sobre la entrega de sobornos- y merecían un castigo, los partidarios del expresidente, anticipando lo que sucedería, afirmaron que todo era “un montaje político” para desacreditar su movimiento. El país está ahora dividido entre la derecha que apoya a Uribe y la izquierda que respalda a Petro.
Si antes se escuchaban opiniones y discursos radicales de ambas fuerzas, ahora esto ha subido de tono y es fácil anticipar una campaña electoral acalorada, llena de señalamientos, más que de propuestas.
En el caso de Bolsonaro, lo impactante ha sido la intervención del presidente estadounidense Donald Trump, quien castigó a Brasil con aranceles, precisamente porque consideraba que el juicio en su contra era fraudulento. Además, EEUU sancionó con la Ley Magnitsky al juez que lleva el caso. Esta ley permite sanciones contundentes contra funcionarios o personas extranjeras.
Finalmente, en Argentina, el movimiento peronista de izquierda sigue defendiendo a la expresidenta, a pesar de que en el juicio se presentaron pruebas concluyentes sobre la corrupción y el proceso transitó por todas las instancias, hasta la Corte Suprema.
Todos los casos mencionados anteriormente fueron noticia internacional en su momento. El caso del guatemalteco Alfonso Portillo cobró notoriedad porque fue acusado, extraditado y juzgado por un tribunal estadounidense, que tenía pruebas de lavado de dinero procedente de un soborno recibido de Taiwán. El expresidente se declaró culpable y cumplió una condena de cuatro años de cárcel, logrando evadir a la justicia de su país.
Otros expresidentes también han sido perseguidos por la justicia internacional, como el hondureño Orlando Hernández, acusado de narcotráfico y de usar recursos ilegales para su campaña electoral. Cumple una larga condena en Estados Unidos.
La buena noticia es que, aunque la justicia a menudo se convierte en protectora de la corrupción, como sucede actualmente en Guatemala, en la mayoría de los países se combate este cáncer que tanto empobrece a nuestros pueblos.
