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Washington, D.C. – El gobierno del presidente Donald Trump volvió a señalar públicamente a estados y ciudades de EE. UU. que, a su juicio, impiden la aplicación de las leyes migratorias federales. Este martes se dio a conocer una nueva lista oficial que identifica a jurisdicciones “santuario”, que han implementado restricciones para cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La fiscal general Pam Bondi afirmó que estas políticas ponen en peligro la seguridad pública e impiden la aplicación del marco legal actual, al tiempo que anunció que el gobierno federal seguirá promoviendo acciones legales contra estas entidades.
La iniciativa del Ejecutivo contra los llamados “santuarios” no es nueva. Una primera versión del listado fue publicada a finales de mayo por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). No obstante, aquella fue retirada al causar controversia por incluir ciudades que, en realidad, habían mostrado apoyo explícito a la política migratoria de Trump, como Huntington Beach, en California. Su alcalde calificó la inclusión como una “negligencia administrativa”, afirmando que la ciudad coopera completamente con las agencias federales.
Entre los casos más recientes, el alcalde de Louisville, Kentucky, anuló una norma que restringía la notificación de liberación de detenidos al ICE. Esta modificación fue resultado de un acuerdo con el Departamento de Justicia.
El nuevo registro busca intensificar la presión del gobierno federal sobre las entidades que han defendido el derecho a establecer políticas migratorias locales independientes, a menudo justificadas en la escasez de recursos para realizar funciones federales.
Durante su primer mandato, Trump intentó retener fondos federales a estas jurisdicciones, aunque se enfrentó a múltiples demandas judiciales, con fallos en su contra en los tribunales.
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