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Las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo anunciaban su.veredicto. Alberto Calvo.
Al cierre de esta edición, a las 12:30 de la madrugada, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional daba lectura al fallo que dictaminaría el destino de los imputados en el caso de presunta corrupción administrativa, denominado Antipulpo, los cuales supuestamente desmantelaron el Estado con casi 5 mil millones de pesos. El expediente llevaba cuatro años y ocho meses en los tribunales.
Los principales acusados son Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez. Ambos reiteraron anoche que confiaban en que prevalezca la justicia.
La emisión de la sentencia estaba prevista para las 11:00 de la mañana, pero llegada esa hora el secretario del tribunal anunció su postergación para las 5:00, lo que no sucedió, ya que fue a las 11:00 de la noche que el tribunal inició la lectura.
En los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la incertidumbre era palpable entre los imputados y sus familiares y los miembros del Ministerio Público. Todos lucían exhaustos, ya que desde primeras horas de la mañana esperaban el fallo del tribunal.
En la sala de audiencias, nueve agentes de la Policía Judicial velaban por la seguridad del tribunal, mientras que en las afueras del Palacio de Justicia fue apostado un cordón de seguridad, ante cualquier eventualidad.
Las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo advirtieron el día anterior a los involucrados que se prepararan para resistir, porque la jornada sería larga y el Poder Judicial anunció medidas estrictas.
El 30 de julio, las magistradas reservaron el fallo para ayer.
Al filo de la medianoche, la gente que se encontraba en los alrededores comenzó a dispersarse. Por la mañana el lugar lucía repleto ante el anuncio de que la sentencia sería leída antes del mediodía, cuando fue anunciado el cambio de horario, partieron y retornaron en la tarde.
Representantes de los medios de comunicación esperaban el fallo de las juezas, apoderadas del caso en mayo de 2023.
Al subir al estrado, Nivar, presidenta del tribunal, pidió disculpas por la espera de la deliberación y recordó que el caso es complejo, por lo que el plazo es más amplio. A las 12:15 volvieron a recesar.
Las penas
El Ministerio Público solicita 20 años de prisión contra Alexis Medina y el pago de 400 salarios mínimos, mientras que para José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda pidió 15 años de cárcel y el pago de 200 salarios mínimos.
Además, pide 10 años de cárcel para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Fernando Rosa y para la exvicepresidenta administrativa de esa entidad Carmen Magalys Medina.
Igual pena fue solicitada contra Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.
El MP también requirió 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos para Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.
Para Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública Freddy Hidalgo y el excontralor Rafael Antonio Germosén, los fiscales solicitan cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.
Condena de tres años contra Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.
El órgano de investigación y persecución solicitó que todos los acusados sean condenados a la inhabilitación para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos por diez años y al decomiso de todos los bienes incautados, producto de las alegadas actividades ilícitas.
A Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, le fue solicitada una pena de cinco años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos.
El organismo sostiene que Alexis Medina dirigía una red de corrupción de la que formaban parte su hermana Carmen Magalys y exfuncionarios, proveedores privilegiados y supuestos testaferros, que aprovecharon sus vínculos con el poder político para enriquecerse mediante actividades ilícitas en perjuicio del Estado.
Asegura que Alexis Medina encabezó un presunto entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano a través de la Oisoe y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
De acuerdo con la acusación, Oisoe, disuelta en 2021, habría sido el epicentro de la corrupción, donde Medina y altos funcionarios supuestamente ejecutaron un esquema fraudulento que incluyó la compra de contratos, la notificación de cesiones de crédito ficticias y la adjudicación irregular de obras públicas.
Dijo que presentó más de 2,000 pruebas documentales, más de 90 testigos y alrededor de 86 materiales que sustentan los cargos que enfrentan.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz. “De nuestra parte, el trabajo está hecho, esperemos ahora la decisión del tribunal”, declaró.
En abril, solicitó al tribunal que imponga las condenas y que todos los imputados sean condenados a la inhabilitación para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos por 10 años, al decomiso de todos los bienes incautados producto de las actividades ilícitas, y a la degradación cívica consistente en la pérdida de los derechos civiles, políticos y de ciudadanía reconocidos por la Constitución.
Solicitó que las penas sean cumplidas en Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
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