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HOUSTON (AP) — Los esfuerzos de los funcionarios de inmigración de Estados Unidos para deportar a Kilmar Ábrego García a Uganda, un país con el que el ciudadano salvadoreño no tiene relación alguna, han vuelto a poner de manifiesto los intentos del gobierno del presidente Donald Trump de enviar personas a países que no son los suyos.
Los acuerdos del gobierno con los llamados terceros países han sido objetados en los tribunales por grupos activistas, quienes han argumentado que se están violando los derechos al debido proceso y que los inmigrantes están siendo enviados a países con extensos antecedentes de violaciones a los derechos humanos.
No obstante, en junio, una Corte Suprema dividida le permitió al gobierno autorizar la expulsión acelerada de inmigrantes a países que no son sus lugares de origen y con un mínimo de preaviso.
Esto es lo esencial que hay que saber sobre estos acuerdos con terceros países.
Los acuerdos forman parte de una amplia ofensiva migratoria por parte del gobierno, que se ha comprometido a deportar a millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.
La ley federal permite que los inmigrantes sean enviados a países de los que no son originarios. En el pasado, las autoridades de inmigración han hecho eso en ocasiones, según grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes. Pero este tipo de deportaciones ha aumentado considerablemente bajo la administración republicana actual.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó en un memorando de marzo que, como parte de tales deportaciones a terceros países, deportará a los inmigrantes solo después de obtener garantías diplomáticas de que no serán perseguidos ni torturados, según lo garantiza el derecho internacional.
Si Estados Unidos no ha recibido esas garantías, las autoridades de inmigración aún pueden enviar a la persona allí, pero primero deben informarle a dónde va en un idioma que entienda. El tiempo entre el aviso y la deportación suele ser de 24 horas, pero podría ser de tan solo seis horas.
Funcionarios de Trump han dicho que estos inmigrantes frecuentemente provienen de países que a menudo no reciben a todos sus ciudadanos deportados. Han calificado a estos inmigrantes de “verdaderas amenazas a la seguridad nacional”, alegando que han sido declarados culpables de crímenes violentos como violación, asesinato y robo a mano armada.
El gobierno de Trump ha llegado a acuerdos con varios países, muchos de ellos en América Latina y África, para que reciban a inmigrantes.
Los expertos dicen que algunos países africanos podrían tratar de facilitar los programas de deportación de Estados Unidos para obtener un trato favorable en las negociaciones sobre aranceles, los recortes en la ayuda estadounidense o las restricciones de visados, que han afectado a varios países africanos en los últimos meses.
Trump también ha presionado a naciones de toda América Latina para que ayuden a facilitar las deportaciones, a veces bajo la amenaza de fuertes aranceles o sanciones.
Estos acuerdos han recibido duras críticas de defensores de los derechos humanos, quienes han mencionado que existen protecciones internacionales para los solicitantes de asilo y han cuestionado si los inmigrantes serán evaluados adecuadamente antes de ser deportados.
Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos han dicho que tales acuerdos han dejado a personas varadas en lugares lejanos, detenidas arbitrariamente durante años y en riesgo de sufrir tortura y otros tratos inhumanos.
“Instamos al gobierno de Estados Unidos a abstenerse de realizar más expulsiones a terceros países, a garantizar el acceso efectivo a asistencia jurídica para aquellos que enfrentan la deportación, y que todos esos procedimientos estén sujetos a supervisión judicial independiente”, dijeron los expertos de la ONU en julio.
La Unión Europea ha estado tratando de incrementar las deportaciones y se ha mostrado abierta a la idea de “centros de retorno”, que se establecerían en terceros países para que los solicitantes de asilo rechazados sean detenidos y eventualmente deportados a sus países de origen.
Italia ha estado enviando a solicitantes de asilo rechazados a centros de detención y deportación que opera en Albania, un país que no pertenece a la UE. Sin embargo, ha afrontado muchos recursos judiciales y ha sido opaca sobre el proceso y la efectividad de los centros. Muchos inmigrantes enviados allí regresan a Italia posteriormente.
En un plan aparte, costoso y polémico, el gobierno anterior del Reino Unido intentó y finalmente fracasó en enviar solicitantes de asilo a Ruanda.
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