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La reforma de la Constitución de la República y la promulgación del nuevo Código Penal Dominicano marcaron el inicio y el final simbólico de lo que fue su quinto año al frente del Poder Ejecutivo.
Tras ser electo para continuar en la Presidencia de la República por un segundo período gubernamental consecutivo, Luis Abinader dejó en claro que una de sus primeras tareas sería lograr una reforma constitucional que, en sus palabras, “reforzaría la institucionalidad” del país.
No era la primera vez que el mandatario coqueteaba con la idea de hacer cambios a la Carta Magna, ya en 2021, cuando cumplía su primer año a cargo de administrar el Estado, Abinader instó a la realización de un “diálogo por las reformas”, dentro de las cuales estaba la Constitucional; en esa ocasión, el presidente indicó que sería para “independizar” al Ministerio Público, aunque la idea fue retirada de inmediato y no llegó a materializarse.
Con el deseo de concretar su idea, Abinader y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo comenzaron a trabajar en su propuesta y unos 10 días antes de iniciar oficialmente su segundo periodo, el presidente encabezó una Semanal con la Prensa donde presentó en qué consistiría su propuesta de modificación a la Carta Magna.
Luego de un periplo de debates en el Congreso Nacional, recepción de críticas desde múltiples frentes, incluso de legisladores del oficialismo, el domingo 27 de octubre la nueva Constitución fue proclamada. La misma creó una “cláusula pétrea” que da carácter de inmodificable al actual formato de elección y reelección de la Presidencia de la República, además de crear el artículo 278 para garantizar que “ningún funcionario de elección popular pueda beneficiarse de una reforma constitucional realizada durante su mandato, siempre que esta verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia en el cargo”.
Además de establecer que la figura del Procurador General de la República será elegida por el Consejo Nacional de la Magistratura, a propuesta del Presidente de la República; de igual forma se cambiará la composición de ese organismo, excluyendo al Procurador e incorporando a quien ocupe la presidencia del Tribunal Constitucional.
Varios meses después, el mandatario se embarcaría en otra cruzada que sería encomendar al Congreso Nacional a ponerse de acuerdo para lograr la aprobación de un nuevo Código Penal, que sustituiría al que está vigente desde 1884.
Tras extender la legislatura y decir varias veces que el mismo debía ser aprobado “cuanto antes”, Abinader logró promulgar un nuevo código que contiene la tipificación de nuevos delitos como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, la difusión de deepfakes con fines de chantaje, la estafa piramidal, la intermediación financiera no regulada, la instigación al suicidio; se tipifican todos los supuestos convencionales de crímenes de lesa humanidad y genocidio, la desaparición forzada, los delitos con dolo eventual y culpa consciente, los daños por dopaje, el autosecuestro, la falsa denuncia, la obstrucción de justicia y se eleva la pena para la violación sexual dentro del matrimonio o en relaciones de pareja.
La reforma constitucional y la instauración de un nuevo código penal marcan el inicio y final simbólico de lo que ha sido el primer año de la nueva administración gubernamental de Abinader, marcando a ambos como sus dos principales hitos; sin embargo, entre una y la otra, el gobernante se enfrentó a múltiples desafíos.
En el transcurso de este primer año, el presidente Abinader ha tenido que enfrentar las constantes denuncias del aumento de los precios de la canasta básica y productos de primera necesidad, todo mientras la gestión institucional pregonaba los incrementos de las exportaciones y la estabilidad económica del país.
Sin embargo los reclamos fueron tantos que durante una Semanal con la Prensa, el jefe de Estado confirmó que República Dominicana está viviendo una desaceleración económica en el ritmo de crecimiento financiero del país y que la “población lo está sintiendo”.
En esa oportunidad el mandatario indicó que el Gobierno tiene como meta establecer el crecimiento económico en un 3.5% el cual sería “el doble” del promedio de la región, a excepción de Guyana; además manifestó que esa desaceleración se debe, en gran parte, a las circunstancias internacionales que se han reflejado tras las nuevas políticas arancelarias interpuestas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos.
La admisión de esa desaceleración económica se produjo luego que el presidente señalara que el hecho de que no se haya llevado a cabo una reforma fiscal imposibilita la capacidad del Gobierno para resolver varios de los conflictos sociales que se han presentado.
Precisamente, otro intento fallido de una reforma fiscal fue otra de las problemáticas con las que esta gestión gubernamental tuvo que lidiar; a principios del mes de octubre, el mandatario depositó ante el Congreso Nacional el proyecto de ley de Modernización Fiscal mediante la cual buscaba recaudar RD$ 122,486.6 millones anuales, retirando los incentivos a áreas como la industria cinematográfica, las empresas turísticas, fábricas de alcohol, comercializadores de cigarrillos electrónicos; entre otros.
La propuesta fue ampliamente rechazada y criticada por múltiples sectores, a pesar de que el Gobierno señaló al momento de depositarla que la pieza legislativa había sido “consensuada”; los clamores se hicieron manifestar a través de “cacerolazos”, protestas ante la sede del Poder Legislativo fueron protagonistas de las redes sociales y medios de comunicación; mientras que al unísono, los representantes de aquellas aristas que iban a ser afectadas se reunían a puertas cerradas con Abinader solicitándole que “reconsiderara” el hecho de quitarles sus excepciones.
El reclamo fue tal que tan solo 12 días después, Abinader ordenó el retiro de la pieza del Congreso Nacional, indicando que el Gobierno se enfocaría en otras alternativas para que recaude ingresos.
La situación en Haití ha sido una constante agravada durante su gestión, por eso a inicios del mes de abril, tras nuevos intentos para lograr una intervención “más eficiente” de la comunidad internacional, el mandatario decidió endurecer su política migratoria mediante 15 medidas orientadas a reforzar el control migratorio y la seguridad fronteriza.
Entre ellas, la ampliación de la capacidad de supervisión de las tres brigadas fronterizas en seis áreas operativas. También se reforzará la vigilancia fronteriza con 1,500 soldados adicionales, que se suman a los 9,500 que ya prestan servicio, para un total de 11,000 soldados.
Además de la modificación del reglamento de operación de los mercados para asegurar que sea una puerta abierta al comercio, y no para migración irregular y la creación de un Observatorio Ciudadano Sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria para supervisar cumplimiento y proponer correctivos desde la sociedad civil, el cual es dirigido por el director de este diario, Miguel Franjul.
Esas medidas migratorias trajeron consigo que por primera vez en la historia democrática dominicana, el actual mandatario y tres expresidentes sostuvieran un encuentro “cara a cara” con el objetivo de construir una postura unitaria frente a la creciente crisis en Haití y su impacto en la seguridad nacional, la economía y la estabilidad del país.
En el mismo, Abinader, Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía llegaron a un acuerdo de cuatro puntos con los mejores intereses para la República Dominicana, entre ellos la creación de una mesa de diálogo a través del Consejo Económico y Social (CES) para discutir acciones concretas frente a la crisis; además de promover una política exterior “unificada y conjunta” sobre las implicaciones de la situación haitiana.
Como resultado, tanto el jefe del Estado como los expresidentes remitieron cartas oficiales a líderes de naciones clave del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitando respaldo para transformar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, en una misión híbrida con liderazgo logístico y operativo de las Naciones Unidas.
En las comunicaciones, los líderes dominicanos destacan el deterioro continuo de la seguridad en Haití, alertando que la expansión territorial de grupos armados como Viv Ansanm y Gran Grif ha convertido al país en un epicentro potencial del crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo. Las misivas firmadas por las cuatro personas encargadas de dirigir el país los últimos 29 años, fueron enviadas a los jefes de Estado de los 15 países que son miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de la ONU, entre ellos; Donald Trump (Estados Unidos), Vladimir Putin (Federación de Rusia), Xi Jinping (República Popular China), Sir Keir Starmer (Reino Unido), Emmanuel Macron, (Francia), entre otros.
Aparte de los problemas habituales que se afrontan en la administración de un Estado, el presidente Abinader por igual se ha tenido que enfrentar a las situaciones que han surgido dentro del partido oficialista.
Casi de inmediato que este oficializó que no buscaría un tercer período consecutivo, las aspiraciones presidenciales comenzaron a aflorar, tanto que se intensificaron los actos proselitistas. En ellos, promovían su figura política y su gestión al frente de las instituciones que dirigen, dejando claras sus aspiraciones a ocupar la casilla presidencial del partido oficialista.
Los mítines y demostraciones de fuerza registradas agudizaron los señalamientos de que estos aspirantes se han aprovechado de su posición en el Gobierno para promover sus figuras y acciones, buscando generar simpatías dentro de la militancia oficialista y el resto de la población dominicana.
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