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Miami. — Cuando Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, se dirigió directamente a los beneficiarios de DACA con un mensaje gélido y calculado, bajo la amenaza de “váyanse ya, si no se autodeportan, los perseguiremos”, encendió una alarma jurídica y emocional.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) intensificó el discurso a través de su portavoz, Tricia McLaughlin.
Desde su oficina de abogado en California, Sergio García, quien hizo historia como el primer dreamer admitido por la Corte Suprema para ejercer la abogacía sin tener estatus legal, les recordó a los soñadores a través de EL UNIVERSAL su mensaje: “No puedes rendirte, tal vez tendrás que sortear barreras, pero mientras estás vivo, todavía hay esperanza y una oportunidad de alcanzar el sueño que tienes para ti”.
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El National Immigration Law Center dijo a este diario que “pedir a alguien que se autodeporte para conservar una posibilidad de regreso legal es imponer una carga emocional inmensa. Esto no es realmente una opción, es coerción.”
Desde TheDream.US, la vocera comentó a este medio que la “ansiedad y la profunda preocupación que muchos están sintiendo ahora mismo, muchos la hemos sentido; muchos hemos estado en sus zapatos. Lo que están haciendo con estas campañas es tratar de desmantelar la esperanza a través de una burocracia cruel”.
Abogados especialistas han calificado esta campaña como una forma disimulada de expulsión forzosa.
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Mientras, abogados y organizadores comunitarios construyen redes de apoyo urgentes, a través de talleres de Know Your Rights, dreamers especializados comparten estrategias para responder ante redadas, evitar la detención exprés y mantener contacto con abogados. Las lecciones son tácticas de supervivencia: cómo renovar DACA sin exponerse, qué hacer si ICE irrumpe en casa, cómo manejar el miedo.
Dreamers contaban en redes que los mensajes oficiales del DHS circulaban como amenazas encubiertas. “Cada vez que he renovado mis papeles siento alivio, pero ahora siento temor; nos están persiguiendo”, escribió una soñadora en X, con dolor y claridad. Otro compartió en TikTok: “No nos están dando una opción, nos quieren empujar a desaparecer de nuestro país violentamente”. Una estudiante de Arizona narró en sus redes la agonía de no dormir por días pensando que alguien la “vendría a buscar” a su casa o a su escuela.
En un foro comunitario, Diana Pliego, líder comunitaria, señaló que “nos están empujando en el vehículo del miedo, de la angustia, de la ansiedad, pero no saben que ahora mismo somos más fuertes y determinados que ellos”. Sergio García, quien ha dado talleres y conferencias, recordó que “la ley puede ser protectora o destructiva. Pero en nuestro caso llevamos ya 13 años defendiéndonos y dando la pelea y esta vez no va a ser la excepción”. Una dreamer recordó: “Nosotros existimos, luchamos y seguiremos luchando; no desaparecemos y mucho menos por miedo”.
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United We Dream lanzó una campaña con el lema Yo me quedo. El objetivo, dijo su vocera Greisa Martínez Rosas a EL UNIVERSAL, es “resistir el chantaje del miedo y evitar que miles caigan en la trampa de abandonar el país sin defensa legal”. Martínez denunció que están recibiendo reportes de dreamers que han sido presionados tras las amenazas del DHS y compartió un mensaje dado meses atrás, “con los ataques contra los inmigrantes intensificándose cada día, incluyendo los esfuerzos continuos de Texas y otros estados dirigidos por republicanos para desmantelar completamente el programa DACA, los miembros del Congreso tienen una elección en este momento: permanecer al margen mientras millones de nuestros vecinos, compañeros de trabajo y seres queridos son secuestrados de sus hogares a través de redadas y deportaciones, o actuar y luchar por todos los estadounidenses. Este momento exige más que palabras: exige acción, valentía y un compromiso inquebrantable con la justicia”, afirmó.
CHIRLA dijo a este medio que “todo esto se trata de una campaña federal de limpieza migratoria disfrazada de legalidad”. Además, señaló que “el DHS está pidiendo que los dreamers se vayan voluntariamente. ¿A dónde se van a ir? ¿A un país que no conocen, con un idioma que no hablan, a buscar una familia que ya no existe? Este no es un llamado legal, es un llamado cruel e injusto”.
La vocería del National Immigration Law Center (NILC) advirtió a EL UNIVERSAL que “esto puede convertirse en la mayor purga administrativa contra jóvenes inmigrantes desde la eliminación del TPS para Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, y países de Medio Oriente y África”. La American Civil Liberties Union (ACLU) anunció que prepara una demanda federal contra el DHS por lo que considera “acoso sistemático contra jóvenes protegidos legalmente bajo la acción diferida”.
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García recordó cuando leyó una carta dirigida al Congreso: “Me convertí en abogado en este país porque creí en sus leyes. Hoy esas leyes se retuercen para decirme que no pertenezco. Pero si un sistema no reconoce a sus hijos más fieles, ese sistema no merece su obediencia. Yo no me voy. Yo no me quiebro”.
