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Nueva York. Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico este lunes ante la justicia estadounidense, una decisión con la que se libra de ir a juicio, pero no de pasar el resto de su vida en prisión, como su ex socio Joaquín “Chapo” Guzmán.
“Morirá en una cárcel federal, donde está su lugar”, declaró la secretaria de Justicia, Pam Bondi.
Zambada, que dijo tener 75 años y no 77 como se había informado, fue según la justicia estadounidense uno de los “más prolíficos y poderosos narcotraficantes del mundo”.
“Culpable”, dijo Zambada en español con voz casi inaudible, de los cargos de empresa criminal continuada entre 1989 y enero de 2024, y conspiración en grupo criminal para lavar activos, perpetrar asesinatos, secuestros y tráfico de drogas entre el 1 de enero de 2000 y el 11 de abril de 2012.
Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en territorio estadounidense tras llegar, según denunció, emboscado por un hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López.
“Este no es un acuerdo de culpabilidad cualquiera, es el colapso del mito de que los líderes de los cárteles están fuera del alcance de la justicia estadounidense”, declaró Terrance Cole, administrador de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense en una rueda de prensa.
Zambada pidió perdón a “quienes han sufrido” por sus acciones y reconoció que “la organización que lideraba promovió la corrupción” en México, “pagando sobornos a policías, comandantes militares y a políticos”.
También debe pagar una multa de 15.000 millones de dólares.
El juez instructor Brian Cogan fijó para el 13 de enero de 2026 el anuncio de su sentencia.
“Su reino de terror ha terminado, nunca volverá a ser libre”, sentenció Bondi, antes de recordar que Zambada vivió como un “rey y ahora vivirá como un criminal”.
El Mayo, uno de los narcotraficantes más longevos con cinco décadas de actividad, que nunca fue detenido en México, confesó haber enviado a Estados Unidos 1,5 millones de kilos de cocaína.
En su mea culpa, Zambada con el cabello blanco y dificultades para caminar, renunció con su acuerdo de culpabilidad a sus derechos constitucionales como ir a juicio y apelar.
La fiscalía había anunciado a principios de agosto que renunciaba a pedir la pena de muerte en su caso, pese a que Zambada no estaba amparado por un acuerdo de extradición con México, que excluye la pena capital.
Su abogado Frank Pérez, aseguró que el pacto con la fiscalía “no es un acuerdo de cooperación” ni con el “gobierno de Estados Unidos ni con ningún otro gobierno”, según un comunicado enviado a la AFP tras la audiencia.
“Mi cliente (…) hace un llamado a la población de Sinaloa para que mantenga la calma, actúe con moderación y evite la violencia”, ante la guerra desatada entre su clan y los herederos del Chapo que ha dejado más de un millar de muertos.
“El derramamiento de sangre no sirve para nada, solo profundiza las heridas y prolonga el sufrimiento. Insta a su comunidad a mirar hacia la paz y la estabilidad para el futuro del estado”, señaló en el comunicado.
El Chapo fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos tras un mediático juicio en 2018.
“Esta resolución marca el cierre de una de las últimas grandes persecuciones judiciales de líderes del cártel de Sinaloa en Estados Unidos”, reconoció el fiscal del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump ha redoblado las amenazas a México con elevados aranceles para que detenga el contrabando de drogas, en particular el de fentanilo, causante de decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.
En las últimas semanas, el gobierno estadounidense ha desplegado fuerzas navales en el Caribe para luchar contra los grupos narcotraficantes latinoamericanos, en particular el cártel de Sinaloa y el venezolano Tren de Aragua, que Washington designó como organizaciones “terroristas globales”.
A mediados de agosto, las autoridades mexicanas entregaron a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes de alto perfil que se suman a otro grupo de 29 entregados en febrero, entre los que se encuentra el veterano capo Rafael Caro Quintero, acusado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, en 1985.
Pese a que sus jefes históricos están en la cárcel en Estados Unidos, el cártel de Sinaloa, considerado como la mayor organización de narcotráfico del mundo, sigue operando a través de nuevas generaciones y redes logísticas asentadas a ambos lados de la frontera.
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