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Ya han transcurrido 562 días desde que una patera con 77 migrantes zarpó de Mauritania con destino a las Islas Canarias.
Hoy se cumple un año de un descubrimiento trágico: los restos de al menos 18 de sus ocupantes llegaron a la costa de Gaspar Hernández, junto con teléfonos móviles y paquetes que las autoridades confirmaron que contenían cocaína.
Sin embargo, a la fecha, las familias de las víctimas no han recibido información oficial ni han podido repatriar los cuerpos.
Yankhoba Tall, un sastre de 32 años de Senegal, fue uno de los que partió en esa embarcación.
Su primo, Abdoul Moussa Wone, relata que Tall, el único varón entre sus tres hermanas, se había mudado a Mauritania en 2018 buscando un futuro mejor para su familia, donde se casó y tuvo un hijo. La última vez que Moussa habló con él fue en diciembre de 2023.
“Ha pasado un año, pero mi familia no ha tenido ninguna información. Su padre puso la denuncia, pero nadie nos ha dicho nada”, explica Wone, y agrega con pesar: “No nos acostumbramos. No pudimos despedirnos. Su cuerpo está muy lejos de casa y a nuestra familia solo le queda el dolor de la pérdida”.
La historia se repite con Sidane Wade, un sastre y chófer de 23 años, oriundo de MBane, Senegal. Sidane era un pilar para su familia y padre de un niño de 5 años.
La familia se enteró del hallazgo de sus documentos de identidad a través de Facebook Messenger, por mensajes de personas que viven en República Dominicana.
“Como familia, estamos tristes y sin esperanza. Nadie nos dice nada, y no creo que lo podamos traer para enterrarlo aquí”, relata su tío, Ibrahima Khaliloullah Wade.
Los restos de las 18 personas permanecen en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en Santiago, almacenados en cajas separadas e identificadas.
La doctora Fáthima Frometa, directora del INACIF Regional Norte, explicó que se han realizado 18 procedimientos de autopsia. Algunos casos, donde solo se encontraron partes de cuerpos, requieren estudios de ADN más profundos para su identificación.
Las autopsias, realizadas por un equipo de más de 10 profesionales (incluidos médicos, odontólogos y antropólogos forenses), determinaron que no había signos de violencia en las osamentas.
Las causas de la muerte no pudieron establecerse debido al avanzado estado de descomposición. Se confirmó que uno de los cuerpos pertenece a una mujer y el resto a hombres, con edades estimadas entre los 20 y 35 años.
A pesar de los esfuerzos, hasta ahora no se ha recibido información de las familias para realizar las comparaciones de ADN.
Frometa indicó que, si no se reciben reclamaciones en más de un año, los restos podrían ser enterrados en fosas comunes.
El magistrado Yorelbin Rivas confirmó que se incautaron unos “teléfonos móviles” que, tras ser analizados, resultaron ser cocaína.
El juez ha ordenado una investigación a fondo, aunque esa parte del caso está siendo manejada por el departamento de persecución en coordinación con la magistrada Yenny Berenice Reynoso.
A pesar de los llamados de auxilio de las familias, no hay información sobre si los gobiernos de República Dominicana, Mauritania, Senegal o Mali están en comunicación para la repatriación de los cuerpos.
Al solicitar información sobre el caso a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, Listín Diario recibió una respuesta limitada, indicando que la investigación continúa, sin confirmar si ha habido acercamientos con los países de origen.
