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El alma de República Dominicana está en duelo al saberse que el caso de la niña de 7 años, supuestamente asesinada en Los Guandules a manos de una tía y su pareja, era del conocimiento del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi). La revelación ha desatado un debate sobre los protocolos a seguir en casos de denuncias infantiles y si las autoridades actuaron correctamente.
El periódico HOY conversó con varios expertos en el tema, quienes coincidieron en que “toda persona, y con mayor razón el personal público o de servicios sociales, que tenga conocimiento o sospecha de abuso o violación de derechos de niños, niñas y adolescentes debe denunciar”.
La abogada Rhadive Pérez citó la Ley 136-03 en su artículo 14, que obliga a canalizar esas alertas, eximiendo de responsabilidad civil y penal a quien denuncia y sancionando el incumplimiento de ese deber.
“En la práctica, esto implica que ninguna institución puede retener o descartar una información de ese tipo. El procedimiento es notificar y derivar sin demora, bajo una política de tolerancia cero frente a cualquier riesgo que afecte a un niño o niña”, subrayó la experta.
Ante esta situación, Pérez advirtió que el actuar y las declaraciones de Josefa Castillo -directora Inaipi-, quien declaró que la institución no es receptora de denuncias y que en esa plataforma “solo entran casos de niños o niñas de 2 a 5 años; si no son de ese rango, no procesan”, se contradice con lo que establece la ley y otros estatutos.
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“El mismo INAIPI admitió que la alerta nunca se registró ni se remitió a las instancias competentes, alegando limitaciones de competencia/edad. Esa omisión contradice directamente lo que establecen tanto la ley como los protocolos, que ordenan orientar o derivar de inmediato al Ministerio Público y al CONANI. Lo ocurrido evidencia una falla gravísima en el procedimiento, que dejó a la niña sin la protección que debió activarse desde el mismo momento en que se recibió la alerta. Fue una omisión procedimental relevante y alarmante”, indicó Pérez.
Para Alba Rodríguez, directora ejecutiva de Save the Children, “cualquier denuncia debe ser tramitada a las autoridades competentes a través de las vías, canales y mecanismos establecidos en el protocolo. Lamentablemente la información del caso no se derivó oportunamente”.
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Rodríguez recordó que no se requieren pruebas, sino informaciones mínimas que permitan ubicar el caso para una oportuna respuesta.
¿Cuál debería ser el tratamiento ideal?
Pérez sostiene que el tratamiento adecuado debe ser rápido, coordinado y sensible. En caso de riesgo inminente, corresponde activar el 911, notificar de forma obligatoria y documentada al Ministerio Público y al CONANI, aplicar medidas inmediatas de protección y garantizar atención médica, psicológica y social.
“En estas situaciones, cada minuto de dilación o indiferencia puede inclinar la balanza entre la vida y la muerte de un niño o una niña, como tristemente se evidenció en este caso, que además de doloroso, era evitable”, señaló Pérez.
De su lado, Rodríguez asegura que “el mejor tratamiento es el abordaje integral e inmediato, con todas las instituciones que deben dar respuestas cumpliendo su rol; y continuar los esfuerzos de concienciación a la sociedad para que denuncie cualquier situación de violencia contra la infancia o adolescencia de la que tenga conocimiento o sospecha, seguir difundiendo los canales y vías de denuncia y la aplicación de los protocolos para estos casos”.
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Nisaly Brito, psicóloga clínica especialista en infancia, cita cuatro elementos esenciales para el tratamiento de estos casos:
Visión de urgencia: entendiendo que en temas de protección infantil lo peor puede pasar si no se actúa a tiempo. Esta visión permite activar rápidamente las rutas de protección y movilizar el sistema de forma oportuna. “De este modo, el Estado y las instituciones que lo acompañamos podremos poner a disposición la mayor oferta de respuestas posibles para salvaguardar a niños, niñas y adolescentes”.
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Prevención temprana: “fortaleciendo a las familias para reducir riesgos: para que la atención integral llegue a las familias de manera oportuna, antes de que los riesgos se concreten en hechos graves”.
Promoción de los canales de denuncia: “seguir publicitando los canales de denuncia accesibles, visibles y reconocidos, para que cualquier ciudadano/a o funcionario/a pueda activar el sistema sin miedo ni desconocimiento. “La ventaja del sistema es que, independientemente de quién se entere del caso, puede activar la ruta de denuncia formal, lo que permite que la Procuraduría o CONANI se apoderen del caso y brinden la asistencia adecuada”.
Gestión personalizada de cada caso: “a través de las unidades creadas para documentar, dar seguimiento y garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes El país cuenta actualmente con una Unidad de Gestión de Casos, coordinada directamente por CONANI”.
¿Cómo hacer una denuncia?
Las expertas detallan que las denuncias pueden realizarse a través de:
* La Línea Vida de la Procuraduría General de la República: 809-200-1202
* El Sistema de Emergencias 911
* Las oficinas regionales o provinciales del CONANI: 809-567-2233
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