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Reynoso recordó que muchos libros y artículos que se escribieron en Latinoamérica se centraron en los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, o imputadas o acusadas, sin considerar los derechos de las víctimas.
Sostuvo que los imputados tienen las garantías del debido proceso, lo cual es de vital importancia en un Estado de derecho. “Pero olvidamos que las víctimas existen; y son un sujeto procesal; no de un nivel inferior. Nuestro Código tiene dos principios, que son igualdad entre las partes y ante la ley”, indicó.
“Pero nosotros hemos pensado el ‘debido proceso’ en función del imputado. No de todos los sujetos procesales”, abundó.
“Y el debido proceso para el privado de libertad, que lo tiene, yo no se lo voy a dejar de reconocer y abogo porque exista, eso es parte de un Estado de derecho; pero las víctimas también requieren una tutela efectiva de sus derechos”, sostuvo.
“Y cuando pensamos, incluso, en la duración de la prisión preventiva, que es una parte importante del debido proceso, también debemos pensar que en ese mismo tiempo hay una víctima que no tiene acceso a una decisión”, enfatizó.
La Procuradora General de la República se refirió al tema al participar como invitada del Poder Judicial en un panel jurídico junto al costarricense Juan Carlos Astúa Jaime, director País del National Center for State Courts, y el colombiano Gerardo Andrés Hernández Montes, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. El panel, celebrado en el Hotel El Embajador, fue moderado por Berenice Barinas, directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental.
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Reynoso planteó que el sistema de justicia se fortalece si piensa en el debido proceso incluyendo a todos los sujetos procesales. En ese contexto, explicó que Latinoamérica tiene una “deuda histórica con las víctimas”. “La reparación no existe en Latinoamérica como figura. Y cuando vamos a buscar jurisprudencia de reparación y doctrina de reparación, es casi nula”, indicó.
“Entonces, le estamos negando a una parte importante del proceso un derecho que tienen en el proceso, así como lo tienen las personas privadas de libertad”, sostuvo.
Reynoso dijo que su gestión en la Procuraduría General de la República se enfoca en diseñar un servicio en función de las necesidades de la ciudadanía, conforme al mapa de la criminalidad y atendiendo las dificultades de acceso de la ciudadanía al sistema de justicia.
“En función de esta realidad fue que diseñamos, y el Consejo Superior del Ministerio Público ya aprobó, 24 fiscalías comunitarias, de las cuales ya se inauguró una en Sosúa, la próxima es en La Guáyiga, luego será en Boca Chica”, indicó.
“Es donde nos dice el análisis de los indicadores que es necesaria. Es donde las circunstancias objetivas del territorio indican que se requiere una fiscalía comunitaria donde la población pueda venir a pie, en sandalias, como popularmente decimos los dominicanos, en chancletas. Porque la justicia debe tener ese nivel de accesibilidad”, sostuvo Reynoso.
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