Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
HOUSTON (AP) — Una larga batalla judicial sobre la publicación de grabaciones de audio y video, así como otros documentos vinculados con la matanza de mayo de 2022 en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas, está a punto de finalizar. Se prevé que el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde y el Condado de Uvalde hagan públicos los documentos en litigio esta semana.
En 2022, organizaciones de medios, incluida The Associated Press, demandaron al distrito y al condado por la divulgación de sus registros relacionados con el tiroteo masivo en el que murieron 19 estudiantes y dos maestros. En julio, un tribunal de apelaciones de Texas ratificó la sentencia de un tribunal inferior, que establecía que los registros debían ser divulgados.
En agosto de 2024, la Ciudad de Uvalde publicó sus registros del tiroteo masivo, incluyendo videos impactantes y grabaciones de las comunicaciones de radio de la policía y llamadas al 911. La ciudad, con cerca de 15.000 habitantes, se encuentra a unos 130 kilómetros (80 millas) al oeste de San Antonio.
En esa información se detalla la angustiosamente lenta respuesta de las fuerzas del orden, que ha sido ampliamente criticada. Casi 400 agentes esperaron más de 70 minutos antes de enfrentarse al tirador en un aula llena de niños y maestros fallecidos y heridos.
Se espera que el distrito escolar revele registros de servicio policial y llamadas al 911, documentos probatorios relacionados con el tiroteo, grabaciones de cámaras corporales y de seguridad de la Escuela Primaria Robb, expedientes estudiantiles del tirador, comunicaciones internas entre funcionarios del distrito y resultados de auditorías de seguridad escolar.
También podría hacer públicos expedientes de personal y otros documentos vinculados a Pete Arredondo, el exjefe de policía de las escuelas de Uvalde, quien fue despedido e imputado por su rol en la respuesta policial.
Se espera que los registros del condado incluyan informes de incidentes y del 911 relacionados con la Escuela Primaria Robb y otros lugares, registros de despacho del jefe de policía y comunicaciones de radio, grabaciones de video, registros de balística y evidencia, e informes de interacciones de las fuerzas del orden con el tirador y su madre.
Aún se desconoce cuánta de esta información ya ha sido divulgada públicamente.
Desde hace tiempo, los familiares de las víctimas han exigido que se rindan cuentas por la lenta respuesta policial.
“No hay nada en esos registros y archivos que pueda hacernos más daño de lo que ya hemos soportado. Una vez publicados, surgirán preguntas. Llegará la transparencia. Puede que haya algo de culpa. Llegará la rendición de cuentas”, declaró Berlinda Arreola, abuela de Amerie Jo Garza, víctima de 10 años, a la junta escolar de Uvalde antes de que ésta votara a favor de la divulgación de los registros el 21 de julio.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) aún enfrenta una demanda presentada por organizaciones de medios para la divulgación de los registros de esa agencia relacionados con el tiroteo escolar.
El DPS ha indicado que la divulgación de sus registros podría ser “peligrosa” ya que expondría a las fuerzas del orden al revelar información sobre cómo los agentes llevan a cabo su trabajo y, también, complicaría los enjuiciamientos en el caso, según documentos judiciales.
La demanda sobre los registros del DPS sigue pendiente en el 15to Tribunal de Apelaciones de Texas.
Dos de los agentes que respondieron a la emergencia se enfrentan a cargos penales. Arredondo y el exoficial escolar Adrian Gonzales se han declarado no culpables de múltiples cargos de abandono y peligro infantil. Se espera que sean juzgados el 20 de octubre.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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