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En la sesión número 18/2025 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), llevada a cabo el 17 de julio de 2025, se aprobó el Protocolo de Actuación para Entrevistas Forenses a Víctimas y Testigos Vulnerables, en acatamiento a la sentencia TC/0522/23 del Tribunal Constitucional.
Dicha sentencia determinó que la regulación de los procedimientos de entrevistas forenses es competencia exclusiva del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, como el órgano adecuado para normar asuntos relacionados con la función jurisdiccional. Esta decisión ratifica la potestad reglamentaria de la SCJ para asegurar la tutela judicial efectiva y el respeto de los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad.
El nuevo protocolo establece el marco operativo para obtener declaraciones de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y otros grupos que, por su condición, afrontan obstáculos para interactuar con el sistema de justicia. Estas entrevistas forenses serán consideradas como anticipo de prueba, asegurando la obtención de sus testimonios de manera digna, segura y respetuosa, acorde con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Entre sus objetivos específicos está disminuir la victimización secundaria, garantizar la confidencialidad, fortalecer el acceso a la justicia y unificar los mecanismos de actuación en los Centros de Entrevistas Forenses, promoviendo la protección reforzada de las personas en situación de vulnerabilidad durante los procesos judiciales.
El protocolo se elaboró tomando en cuenta el mandato constitucional de protección de los derechos fundamentales, así como los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otros instrumentos internacionales que reafirman la obligación de adoptar medidas diferenciadas para proteger a los grupos más expuestos a situaciones de violencia o discriminación.
Con esta aprobación, la Suprema Corte de Justicia afianza su compromiso con un sistema de justicia inclusivo, garante de los derechos de todas las personas y adaptado a las realidades y necesidades de quienes, por su condición de vulnerabilidad, precisan de protección especial para participar en los procesos judiciales sin ser revictimizados.
El protocolo entrará en vigor tras su publicación en el portal institucional. Asimismo, la Escuela Nacional de la Judicatura se encargará de su difusión y de la capacitación de jueces, juezas y demás operadores judiciales, para asegurar su correcta implementación y aplicación en los tribunales de todo el país.
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