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MIAMI, Estados Unidos. — La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar (Distrito 27 de Florida) solicitó a los departamentos de Estado y del Tesoro que investiguen a empresas asentadas en el sur de Florida que, según denunció, estarían eludiendo las sanciones de Estados Unidos y beneficiando al régimen cubano.
“Estoy solicitando al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que investiguen a empresas del sur de Florida que se sospecha evaden sanciones estadounidenses y ayudan a la dictadura cubana. Las sanciones no sirven de nada si no se hacen cumplir. El Distrito 27 exige respuestas”, escribió en X la congresista al divulgar el documento dirigido a ambas agencias.
La solicitud aparece en una carta con membrete de la Cámara de Representantes, fechada el 21 de agosto de 2025 y dirigida a Marco Rubio, como secretario de Estado, y a Scott Bessent, como secretario del Tesoro. En el texto, Salazar afirma que “un número de compañías” abrió recientemente en el sur de Florida “para ofrecer una variedad de servicios cuyo objetivo principal es la evasión de sanciones sobre el régimen comunista en Cuba”, por lo que pide que ambas dependencias “examinen estas violaciones y tomen las medidas necesarias”.
Según la misiva, las empresas señaladas ofrecen “paquetes turísticos”, “logística”, envíos a domicilio y venta de autos, modalidades que — asegura — permitirían sortear las restricciones. Salazar subraya que “tanto el espíritu como la letra de la ley de Estados Unidos respecto a Cuba prohíben el turismo de estadounidenses en Cuba, así como el comercio con el régimen comunista” y recuerda que el presidente Donald Trump dejó claro, en un memorando presidencial de seguridad nacional sobre Cuba del 30 de junio, “que apoya la estricta aplicación de las sanciones al régimen”.
La congresista también alerta sobre el trasfondo de algunos de estos negocios: “Muchas de estas empresas son propiedad de cómplices del régimen”. Como ejemplo, cita el caso de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, recientemente detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, y de quien “se ha revelado que es un asociado cercano de uno de los nietos de Raúl Castro”. Añade que “no es descabellado pensar que muchas de estas compañías hayan sido creadas con el conocimiento y el consentimiento del régimen comunista”.
Salazar pide a los departamentos de Estado y del Tesoro “tomar las acciones legales pertinentes” y argumenta que sus votantes quieren que el Gobierno investigue “este desprecio por la ley”, pues “sienten que es un insulto a todas sus penurias al construir nuevas vidas como estadounidenses que algunas personas busquen socavar la lucha por la libertad en Cuba”.
La iniciativa recibió el apoyo público del también congresista por Florida Carlos A. Giménez, quien escribió en X: “Vamos por los represores y por los testaferros de la dictadura asesina de Cuba que se han infiltrado en nuestra comunidad. Los tenemos identificados y estamos haciendo un llamado a la Administración para que les apliquen todo el peso de la ley”.
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