Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
HOUSTON (AP) — Una extensa batalla legal sobre la publicación de grabaciones de audio y video, así como otros documentos vinculados a la masacre de mayo de 2022 en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, ha llegado a su fin. Se anticipa que el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde y el Condado de Uvalde harán públicos esta semana los registros en disputa.
En 2022, organizaciones de medios, entre ellas The Associated Press, demandaron al distrito y al condado para que se divulgaran sus registros relativos al tiroteo masivo, en el cual perdieron la vida 19 estudiantes y dos maestros. En julio, un tribunal de apelaciones de Texas ratificó la decisión de un tribunal inferior, estipulando que los registros debían ser divulgados.
En agosto de 2024, la Ciudad de Uvalde publicó sus registros sobre el tiroteo masivo, incluyendo impactantes videos y grabaciones de las comunicaciones radiales de la policía y llamadas al 911. La ciudad, con aproximadamente 15.000 habitantes, está ubicada a unos 130 kilómetros (80 millas) al oeste de San Antonio.
En esa información se detalló la respuesta, desesperantemente lenta, de las fuerzas del orden, lo que generó amplia condena. Casi 400 agentes esperaron más de 70 minutos antes de confrontar al tirador en un aula repleta de niños y maestros fallecidos y heridos.
Se espera que el distrito escolar divulgue registros de servicio policial y llamadas al 911, documentos de evidencia relacionados con el tiroteo, grabaciones de cámaras corporales y de seguridad de la Escuela Primaria Robb, archivos estudiantiles del tirador, comunicaciones internas entre funcionarios del distrito, y resultados de auditorías de seguridad escolar.
También podría hacer públicos archivos de personal y otros documentos concernientes a Pete Arredondo, el exjefe de policía de las escuelas de Uvalde, quien fue despedido y acusado por su rol en la respuesta policial.
Los registros del condado incluirán informes de incidentes y del 911 relacionados con la Escuela Primaria Robb y otros lugares, registros de despacho del jefe de policía y comunicaciones radiales, grabaciones de video, registros de balística y evidencia, e informes de interacciones de las fuerzas del orden con el tirador y su madre.
Aún no se ha revelado cuánta de esta información ya ha sido publicada públicamente.
Durante mucho tiempo, los familiares de las víctimas han buscado que se asuman responsabilidades por la lenta respuesta policial.
“No hay nada en esos registros y archivos que pueda afectarnos más de lo que ya hemos soportado. Una vez que se hagan públicos, surgirán preguntas. La transparencia llegará. Puede que haya algo de culpa. La rendición de cuentas llegará”, declaró Berlinda Arreola, abuela de Amerie Jo Garza, víctima de 10 años, ante la junta escolar de Uvalde, antes de que esta votara a favor de la divulgación de los registros el 21 de julio.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) aún enfrenta una demanda presentada por organizaciones de medios para la divulgación de los registros de esa agencia relacionados con el tiroteo escolar.
El DPS manifestó que la publicación de sus registros podría ser “peligrosa” debido a que expondría información sobre cómo los oficiales realizan su trabajo, haciendo vulnerables a las fuerzas del orden, y también podría complicar los procesos judiciales en el caso, según documentos judiciales.
La demanda sobre los registros del DPS sigue pendiente en el 15to Tribunal de Apelaciones de Texas.
Dos de los agentes que respondieron a la emergencia enfrentan cargos penales. Arredondo y el exoficial escolar Adrian Gonzales se han declarado inocentes de múltiples cargos de abandono y peligro infantil. Se prevé que sean juzgados el 20 de octubre.
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Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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