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Houston – Una larga batalla legal sobre la revelación de grabaciones de audio y video, junto con otros documentos relacionados con la masacre de mayo de 2022 en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, está llegando a su fin. Se prevé que el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde y el Condado de Uvalde hagan públicos esta semana los registros en disputa.
En 2022, medios de comunicación, incluida The Associated Press, demandaron al distrito y al condado para que divulgaran sus documentos relacionados con el tiroteo masivo en el que fallecieron 19 estudiantes y dos maestros. En julio, un tribunal de apelaciones de Texas confirmó la decisión de un tribunal inferior, según la cual los registros deben ser divulgados.
En agosto de 2024, la Ciudad de Uvalde hizo públicos sus registros del tiroteo masivo, que incluyen desgarradores videos y grabaciones de las comunicaciones radiales de la policía y llamadas al 911. La ciudad, con aproximadamente 15,000 habitantes, está a unos 130 kilómetros (80 millas) al oeste de San Antonio.
En esa información se detalla la lenta respuesta de las fuerzas del orden, que ha sido ampliamente criticada. Casi 400 agentes esperaron más de 70 minutos antes de enfrentar al tirador en un aula llena de niños y maestros muertos y heridos.
Se espera que el distrito escolar divulgue registros de servicio policial y llamadas al 911, registros de evidencia relacionados con el tiroteo, grabaciones de cámaras corporales y de seguridad de la Escuela Primaria Robb, archivos estudiantiles del tirador, comunicaciones internas entre funcionarios del distrito, y resultados de auditorías de seguridad escolar.
También podría hacer públicos archivos de personal y otros documentos relacionados con Pete Arredondo, el exjefe de policía de las escuelas de Uvalde, quien fue despedido e imputado por su papel en la respuesta policial.
Se espera que los registros del condado incluyan informes de incidentes y del 911 relacionados con la Escuela Primaria Robb y otros lugares, registros de despacho del jefe de la policía y comunicaciones de radio, grabaciones de video, registros de balística y evidencia, e informes de interacciones de las fuerzas del orden con el tirador y su madre.
Aún no se sabe cuánta de esta información ya ha sido divulgada públicamente.
Desde hace mucho tiempo, los familiares de las víctimas han buscado que se les rinda cuentas por la lenta respuesta policial.
‘No hay nada en esos registros y archivos que pueda dañarnos más de lo que ya hemos soportado. Una vez divulgados, habrá preguntas. La transparencia llegará. Puede que haya algo de culpa. La rendición de cuentas llegará’, dijo Berlinda Arreola, abuela de Amerie Jo Garza, víctima de 10 años, a la junta escolar de Uvalde antes de que esta votara a favor de la divulgación de los registros el 21 de julio.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) aún enfrenta una demanda presentada por organizaciones de medios para la divulgación de los registros de esa agencia relacionados con el tiroteo escolar.
El DPS ha dicho que la divulgación de sus registros podría ser ‘peligrosa’ porque haría vulnerables a las fuerzas del orden al exponer información sobre cómo los oficiales realizan su trabajo y también podría complicar los enjuiciamientos en el caso, según los documentos judiciales.
La demanda sobre los registros del DPS sigue pendiente en el 15to Tribunal de Apelaciones de Texas.
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