Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
MIAMI (AP) — Un juez federal escuchó el miércoles los argumentos en una demanda que busca detener la construcción de un centro de detención de inmigrantes en Florida, conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, por supuestas violaciones a las leyes ambientales estatales.
Hasta que se cumplan estas leyes, organizaciones ambientalistas y la tribu Miccosukee indicaron que la jueza federal Kathleen Williams debería emitir una orden judicial preliminar para suspender operaciones y trabajos adicionales. La demanda alega que el proyecto amenaza humedales muy delicados en los Everglades, hogar de flora y fauna protegida, y desperdiciará miles de millones de dólares en restauración ambiental.
La demanda, presentada en Miami contra autoridades federales y estatales, es una de dos impugnaciones legales al centro de detención en el sur de Florida, construido hace más de un mes por el estado en una pista de aterrizaje propiedad del condado de Miami-Dade.
Grupos defensores de derechos civiles presentaron una segunda demanda esa semana, argumentando que se violaron los derechos constitucionales de los detenidos, impidiéndoles reunirse con abogados, reteniéndolos sin cargos y cancelando las audiencias de fianza por parte de un tribunal federal de inmigración. Una audiencia en ese caso está programada para el 18 de agosto.
Según una ley ambiental federal vigente desde hace 55 años, las agencias federales debieron examinar el impacto ambiental de la construcción del centro de detención, identificar formas de minimizarlo y cumplir otras reglas de procedimiento, como permitir comentarios públicos, según los grupos ambientalistas y la tribu.
La demanda argumenta que la construcción del centro de detención está sujeta a la autoridad federal, independientemente de que el estado de Florida haya construido las instalaciones.
“La construcción de un centro de detención es una acción que necesariamente está sujeta al control y responsabilidad federal”, se indica en un reciente documento judicial. “El estado de Florida no tiene autoridad ni jurisdicción sobre la aplicación de las leyes federales de inmigración”.
Los abogados de las agencias federales y estatales solicitaron la semana pasada a Williams que desestime o transfiera la solicitud de orden judicial, argumentando que la demanda se presentó en la jurisdicción incorrecta. Si bien el terreno pertenece al condado de Miami-Dade, la denuncia no es competencia del distrito sur de Florida, ya que el centro de detención se encuentra en el condado de Collier, que forma parte del distrito medio del estado, argumentó el gobierno.
Williams aún no ha tomado una decisión al respecto.
Las demandas se ventilan mientras la oficina del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, parece prepararse para construir un segundo centro de detención de inmigrantes en una instalación de entrenamiento de la Guardia Nacional en el norte del estado. Al menos un contrato ya se ha adjudicado para lo que se identifica en los registros estatales como “Instalación de Detención Norte”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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