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La jueza de distrito de Columbia, Sparkle L. Sooknanan, determinó que el Ejecutivo no puede deportar por dos semanas a los niños guatemaltecos que fueron incluidos en una solicitud de emergencia del Centro Nacional de Derecho Migratorio, con el fin de suspender su repatriación.
De acuerdo con los abogados de los menores, con edades entre 10 y 16 años, la Administración quebrantó el debido proceso, ya que los niños tienen casos pendientes en tribunales de Inmigración e hizo caso omiso a las protecciones especiales para quienes cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos.
En una audiencia vespertina, la magistrada calificó de “sorprendente” que el Gobierno esté “tratando de expulsar del país a menores de edad en plena madrugada durante un fin de semana feriado”.
La orden de Sooknanan se emitió cuando varios de los niños ya estaban en aviones que los retornarían a Guatemala, según el representante del Departamento de Justicia, Drew Ensign.
El letrado añadió que el Gobierno desconocía la orden emitida por la jueza en las primeras horas del domingo cuando trasladaba a los menores a los aviones.
Según el medio CNN, la medida se aplicaría a 600 niños de Guatemala que están bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
Datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, dependiente del HHS, indican que Estados Unidos tenía bajo custodia a 2.198 menores no acompañados en julio. Sin embargo, no se revela sus nacionalidades.
La mayoría de menores que cruzan solos la frontera terrestre entre Estados Unidos y México provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, según la ONG ‘Save The Children’.
La repatriación también representa un desafío para la Administración Trump a la luz del Acuerdo Flores, en vigor desde hace tres décadas. Un tribunal federal en Los Ángeles (California) supervisa actualmente la implementación del pacto, al cual el Ejecutivo estadounidense ha querido poner fin.
El pacto, que se firmó en 1997 tras años de litigio, establece que las autoridades federales no pueden retener en centros de detención a menores indocumentados por más de 20 días y se les debe garantizar su seguridad y bienestar.
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