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Durante la entrevista, en el programa Telematutino 11, Pimentel confirmó que hay diversas investigaciones abiertas sobre Senasa, incluyendo acciones del Ministerio Público, la Unidad Antifraude y la Dirección General de Contrataciones Públicas.
El contrato fue excluido por Senasa del ámbito de aplicación de la Ley 340-06, alegando que Farmacar se consideraba una empresa de servicios de salud.
No obstante, al consultar a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), se verificó que Farmacar no cumplía con ese criterio, por lo que el proceso debió regirse por la normativa de compras y contrataciones.
“Al no haberse realizado bajo la Ley 340, se procedió de forma directa y, por esa razón, el proceso quedó anulado”, explicó Pimentel. Medidas adoptadas
La Dirección General de Contrataciones Públicas emitió una resolución que contempla:
Pimentel también precisó que existen otros contratos en Senasa que se rigen por la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social y, por tanto, no están sujetos a la Ley 340-06, siempre que se trate de prestadoras de servicios de salud debidamente acreditadas.
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