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Las profesionales de la salud fueron detenidas en la Fiscalía de Mao, en la provincia Valverde, después de ser interrogadas.
El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) en Valverde, el doctor Juan Carlos Santos, salió en defensa de cuatro médicas arrestadas este viernes, señaladas por supuestamente firmar actas de defunción falsas dentro de una trama delictiva liderada por un particular.
Santos sostuvo que las profesionales fueron “sorprendidas en su buena fe” y que suscribieron documentos sin conocer su verdadero objetivo.
“Se cometen errores cuando son profesionales que carecen de experiencia”, afirmó el presidente del CMD al puntualizar que tres de las detenidas son pasantes y una es médico asistente.
Las doctoras identificadas son Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez. El dirigente gremial calificó de “desconsideración” la actuación de las autoridades y advirtió que el gremio se mantendrá vigilante para que se respeten los derechos de las imputadas durante el proceso judicial.
La trama y los acusados
El caso también involucra a la alcaldesa pedánea Yluminada Altagracia Uceta y al principal señalado como cabecilla, Máximo Mendoza, a quien la Oficina de Atención Permanente de Mao impuso tres meses de prisión preventiva y cuyo proceso fue declarado complejo.
Según el Ministerio Público, Mendoza se dedicaba a falsificar registros de defunción en complicidad con médicos en pasantía sin exequátur, con el fin de declarar muertas a personas vivas que tenían deudas pendientes. Los hechos se desarrollaron entre diciembre de 2024 y junio de 2025 en la provincia Valverde.
La investigación revela que las víctimas eran personas vulnerables que recibían programas de asistencia social del Estado por un monto mensual de RD$2,100. El imputado les ofrecía préstamos entre RD$5,000 y RD$15,000, reteniendo sus tarjetas de subsidios como garantía. Cuando no lograba cobrar, simulaba la muerte de los beneficiarios para cancelar las deudas.
Hasta la fecha se han identificado seis víctimas, cinco de las cuales fueron registradas como fallecidas en Salud Pública y posteriormente en la Junta Central Electoral (JCE), mientras que una sexta quedó anotada únicamente en el Ministerio de Salud.
Estrategia y evidencias
El Ministerio Público explicó que Mendoza acudiía a distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) en Mao y Esperanza, haciéndose pasar por familiar directo de las supuestas víctimas —primo, esposo o tío— para gestionar los certificados de defunción. Posteriormente, completaba los registros en las oficialías civiles.
La fiscal Esther María González Peguero, representante de la JCE, y el fiscal titular de Valverde, Víctor Manuel Mejía, llevan el caso. El proceso cuenta, además, con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la JCE.
Tipificación legal
El grupo enfrenta cargos por falsificación y uso fraudulento de documentos públicos, infringiendo los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano y los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4‑23.
El Ministerio Público solicitó la declaratoria de caso complejo para las médicas, la alcaldesa pedánea y el principal imputado, lo que permitirá ampliar los plazos de investigación.
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