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Washington — En meses recientes, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) de Estados Unidos ha experimentado cambios y pronunciamientos que levantan dudas sobre su independencia en la toma de decisiones.
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En mayo del presente año, el presidente Donald Trump firmó decretos que establecieron directrices específicas para el sector de energía nuclear.
Estos decretos persiguen dos objetivos principales:
Simultáneamente, las órdenes ejecutivas contemplan una reducción de personal dentro de la misma NRC, el organismo responsable de garantizar la seguridad de las instalaciones y reactores nucleares.
Posteriormente, la composición de la comisión, tradicionalmente integrada por cinco miembros, se redujo a tres. El comisionado demócrata Chris Hanson fue destituido por el presidente Trump. Por otro lado, la comisionada republicana Annie Caputo renunció a su cargo en julio, aduciendo razones personales vinculadas a su deseo de dedicar más tiempo a su familia.
El miércoles 2 de septiembre, los dos comisionados demócratas restantes comparecieron ante el Senado y manifestaron una preocupación en común: la posibilidad de ser cesados si sus decisiones no se ajustan a los objetivos de aceleración planteados por la administración.
El comisionado Matthew Marzano declaró que, a su juicio, podría ser removido de su cargo si dictamina que el diseño de un nuevo reactor no es seguro y, por ende, se niega a aprobar su licencia. Su colega, el comisionado Bradley Crowell, afirmó sentir que:
Cualquier día podría ser despedido por la administración por motivos inciertos.
Estas declaraciones resaltan una sensación de inestabilidad laboral ligada al ejercicio independiente de sus funciones de supervisión de seguridad.
El presidente de la NRC, el republicano David Wright, también participó en la audiencia. Al ser interrogado sobre si creía que podría ser cesado, se abstuvo de responder, tildando la pregunta de “especulación”.
No obstante, fue enfático al señalar que la NRC no debe aprobar solicitudes de compañías que buscan construir nuevas plantas nucleares si estas están incompletas o son deficientes, incluso si eso implica no cumplir con el plazo de aprobación de 18 meses establecido en los decretos presidenciales. Esta postura enfatiza el compromiso con los estándares de seguridad por encima de los plazos administrativos.
Al momento de las declaraciones, la Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las opiniones expresadas por los comisionados. Mientras tanto, la NRC continúa con su labor de revisión. El presidente Wright informó que la agencia tiene bajo análisis cinco solicitudes para los llamados reactores nucleares avanzados y se anticipa la recepción de entre 25 y 30 solicitudes más en un futuro próximo.
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