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EE.UU. obliga a Colombia a restablecer de inmediato las extradiciones de narcoterroristas y a incrementar la captura de cocaína tras la pérdida de la certificación antidrogas para el ejercicio 2026.
Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia se encuentran en una fase delicada después de que Bogotá fuera descalificado en materia de lucha contra el narcotráfico para el año fiscal 2026. Washington demandó al gobierno de Gustavo Petro que reanude sin dilación todas las entregas de narcoterroristas y que refuerce las acciones contra los cultivos ilícitos.
John McNamara, embajador de EE.UU. en Colombia, alertó que estas medidas son esenciales para la seguridad de ambas naciones y decisivas para que el país recupere la certificación completa. El diplomático manifestó su inquietud por la caída de las incautaciones de cocaína y el crecimiento de la superficie cultivada de coca.
Según McNamara, la captura de cocaína pasó de cubrir el 54 % de la producción estimada en 2021 al 32 % en 2023, mientras que la extensión de los cultivos alcanzó las 253 000 ha. Estimaciones indican que cerca del 70 % de la cocaína que se distribuye en los mercados internacionales proviene de Colombia, lo que intensifica la presión externa sobre el país.
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Frente a esta advertencia, el presidente Gustavo Petro defendió la legitimidad de su postura. A través de su cuenta de X, explicó que la suspensión condicionada de algunas extradiciones está respaldada por la normativa nacional, en el marco de procesos de paz avanzados. Señaló que, de los 400 casos aprobados por la Corte Suprema, solo tres siguen suspendidos.
El mandatario colombiano fue claro al afirmar que su gobierno se guía por la legislación interna y no por imposiciones de gobiernos externos. “Obedezco la ley colombiana, no imposiciones externas”, declaró, respondiendo directamente a las exigencias de la Casa Blanca.
A pesar de la descalificación anunciada el pasado 15 de septiembre, Washington precisó que no se suspenderán ayudas humanitarias, becas, cooperación judicial ni programas de USAID. No obstante, se aplicarán controles más estrictos a la política antidrogas colombiana como condición para el desembolso de recursos.
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McNamara sostuvo que, aunque existen diferencias notables, también hay oportunidades para fortalecer la relación comercial y económica bilateral. El diplomático describió la coyuntura actual como una “encrucijada”, advirtiendo que la ausencia de acciones contundentes podría convertirse en un punto de fricción en la larga relación entre ambos países.
Expertos en seguridad y política internacional coinciden en que la tensión abre un debate profundo sobre la efectividad de las estrategias antidrogas. Subrayan que el problema trasciende la represión policial e incluye factores sociales, ambientales y económicos que requieren un enfoque integral y sostenible.
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