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MIAMI. — La administración de Donald Trump ha retirado la certificación de cooperación de Colombia en la lucha contra las drogas, la primera vez en casi tres décadas, aunque concedió una excepción para que la ayuda habitual a este tradicional aliado de EE. UU. en América Latina no se vea del todo reducida.
La medida, anunciada este lunes por el Departamento de Estado, funciona como una reprimenda del gobierno estadounidense al incremento de los cultivos de hoja de coca y a la ralentización de la erradicación de cultivos ilícitos durante la gestión izquierdista del presidente Gustavo Petro, quien ha criticado la política migratoria y la reciente incursión militar frente a la costa venezolana.
La última vez que EE. UU. retiró la certificación a Colombia fue en 1997, bajo el gobierno de Ernesto Samper, cuando los cárteles habían penetrado los niveles más altos del poder.
Desde el año 2000, sucesivos gobiernos estadounidenses han destinado miles de millones de dólares en asistencia a Colombia, pero la cooperación empezó a desmoronarse hace una década, cuando se suspendió un programa de fumigación aérea de cultivos de coca con el herbicida glifosato.
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Conforme a la legislación estadounidense, el presidente debe identificar cada año, antes del 15 de septiembre, los países que hayan incumplido sus obligaciones internacionales durante los doce meses anteriores.
La administración Trump culpó al liderazgo político colombiano de “incumplir” con los compromisos de control de drogas e indicó que valorará modificar la designación en el futuro si el gobierno adopta medidas más enérgicas para erradicar los cultivos ilícitos y reducir la producción y el tráfico.
Petro reprochó la descertificación asegurando que su país ha puesto “decenas de muertos” para impedir que la cocaína llegue a EE. UU. “Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano… es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices”, declaró en una transmisión televisada del consejo de ministros.
También anunció que las fuerzas militares colombianas dejarán de depender del armamento estadounidense, planteando como alternativa la compra o fabricación de equipamiento a través de la empresa estatal. No precisó el tiempo que tomará la transición ni si devolverán las armas ya donadas por EE. UU., como algunos helicópteros usados por la policía. “No más limosnas ni regalos”, sostuvo Petro.
Simultáneamente, además de Colombia, fueron descertificados Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela. A pesar de la medida, el gobierno estadounidense declaró que seguirá brindando asistencia a estos países por considerarla vital para sus intereses nacionales, salvo en el caso de Afganistán.
El gobierno colombiano intentó eludir la descertificación detallando su renovada política antinarcóticos, que prioriza la incautación de cocaína y la persecución de los narcotraficantes, mientras ofrece a los campesinos que cultivan hoja de coca la erradicación manual y la transición a la legalidad mediante programas estatales. Petro es un crítico abierto del prohibicionismo y afirma que “la guerra contra las drogas fracasó”.
En su gestión, la incautación de cocaína alcanzó un récord de 884 toneladas en 2024. En lo que va del año, el Ministerio de Defensa reportó la confiscación de 654 toneladas.
No obstante, el foco de la inconformidad estadounidense fueron los niveles históricos de cultivos de hoja de coca, que sumaron 253 000 hectáreas en 2023, según el último informe disponible de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como la disminución de la erradicación tras el ajuste de metas bajo el gobierno de Petro.
Los datos oficiales evidencian una caída pronunciada desde 2022 —año en que terminó la administración del conservador Iván Duque y comenzó la de Petro—, cuando se erradicaron 68 800 hectáreas. Para 2024 la cifra descendió a 9 403 hectáreas y, hasta la fecha en 2025, se reportan 5 048 hectáreas, todavía muy lejos del objetivo de 30 000 hectáreas prometido por el gobierno.
El narcotráfico ha sido descrito por el gobierno como el “combustible” de los grupos armados ilegales, a los que se les ha ofrecido sentarse a negociar la paz o someterse a la justicia, sin lograr desarmarlos aún, mientras se enfrentan a críticas de sus detractores por los brotes de violencia en el país.
Días antes de la descertificación, la canciller colombiana Rosa Villavicencio sostuvo que los resultados en la lucha contra las drogas eran suficientes para mantener la certificación, aunque advirtió que la decisión también tenía un trasfondo político influido por las recientes tensiones entre Petro y Trump.
“En mi gobierno, Colombia no colabora con asesinatos”, alertó Petro el 5 de septiembre al rechazar el ataque letal de EE. UU. contra una embarcación que partió de Venezuela y que el gobierno Trump señaló como transportadora de cocaína. En el asalto murieron 11 personas, identificadas por EE. UU. como miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Las tensiones entre Trump y Petro casi llegaron en enero a la imposición de aranceles mutuos cuando Colombia se negó a recibir aviones militares con deportados, alegando malos tratos a los detenidos esposados. Finalmente, Petro aceptó recibir a los deportados y también envió sus propios aviones para su traslado.
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