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MIAMI (AP) — La administración de Donald Trump retiró la certificación de colaboración de Colombia en la política antidrogas, una medida que no se había tomado en casi treinta años, aunque concedió una excepción para que la ayuda habitual al país, largamente visto como socio de EE. UU. en América Latina, no se viera completamente comprometida.
La medida, revelada este lunes por el Departamento de Estado, constituye una sanción de Washington frente al crecimiento de los cultivos de coca y al enlentecimiento de la eliminación de plantaciones ilegales bajo la gestión de izquierdas del presidente Gustavo Petro, quien también ha cuestionado la política migratoria y la reciente operación militar en la zona costera de Venezuela.
La última vez que EE. UU. retiró la certificación a Colombia fue en 1997, en medio de la infiltración de los carteles en los niveles más altos del poder. Desde el 2000, administraciones sucesivas de Washington han canalizado miles de millones de dólares en asistencia al país, aunque la colaboración empezó a deteriorarse hace diez años, tras la cancelación de un programa de borrado aéreo de cultivos de coca mediante glifosato.
Conforme a la normativa de EE. UU., el mandatario debe señalar cada año, antes del 15 de septiembre, a los Estados que no hayan cumplido con sus responsabilidades internacionales en el año precedente.
La gestión Trump culpó al liderazgo colombiano del “incumplimiento” de los compromisos antidrogas y advirtió que la designación podría modificarse en el futuro si la administración nacional implementa acciones más enérgicas para eliminar los cultivos ilegales y disminuir tanto la producción como el tráfico.
Petro criticó la revocación afirmando que su nación ha sacrificado “decenas de vidas” para evitar que la cocaína llegue a EE. UU. “Porque lo que hacemos no tiene nada que ver con el pueblo colombiano… es para impedir que la sociedad norteamericana se manche aún más la nariz”, declaró durante una reunión de ministros transmitida por televisión.
Simultáneamente, también fueron descalificados Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela. Aun con la medida, Washington señaló que continuará otorgando ayuda a estos países, pues la considera esencial para sus intereses, salvo en el caso de Afganistán.
**Incautaciones de cocaína frente a la erradicación**
La administración colombiana trató de impedir la pérdida de la certificación presentando información sobre su renovada estrategia antidrogas, centrada en la captura de cocaína y la persecución de traficantes, al tiempo que propone a los agricultores de hoja de coca la erradicación manual y su inserción en la legalidad mediante programas estatales. Petro se muestra como un crítico abierto del prohibicionismo y sostiene que la “guerra contra las drogas ha fracasado”.
Durante su gestión, la captura de cocaína alcanzó un máximo histórico con 884 toneladas en 2024. Hasta la fecha, el Ministerio de Defensa informó haber confiscado 654 toneladas de la sustancia.
No obstante, la principal queja de la administración estadounidense se centró en los niveles sin precedentes de plantaciones de coca, que sumaron 253 000 hectáreas en 2023, según el informe más reciente de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como en la disminución de la eliminación de esos cultivos tras la reducción de metas establecida por el gobierno de Petro.
Las cifras oficiales indican una marcada disminución desde 2022 —el año en que concluyó la administración del conservador Iván Duque y comenzó la de Petro— cuando se supieron erradicar 68 800 hectáreas. En 2024 la cifra descendió a 9 403 y, hasta ahora en 2025, se reportan 5 048, todavía muy por debajo del objetivo de 30 000 hectáreas fijado por la administración.
El gobierno ha calificado al narcotráfico como el “combustible” de los grupos armados ilegales, a los que ha invitado a negociar la paz o entregarse a la justicia, aunque aún no se ha conseguido su desarme, y enfrenta críticas de sus opositores por los brotes de violencia que se producen en la nación.
**Un cúmulo de tensiones**
Días antes de la revocación, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, afirmó que los logros en la lucha antidrogas justificaban la certificación, aunque señaló que la decisión también tenía un componente político, pudiendo influir en las tensiones recientes entre Petro y Trump.
“En mi administración, Colombia no participa en asesinatos”, protestó Petro el 5 de septiembre, rechazando el mortal ataque estadounidense contra una nave que partió de Venezuela y que el gobierno de Trump acusó de transportar cocaína. El asalto dejó 11 muertos, a quienes EE. UU. identificó como integrantes del bando venezolano conocido como Tren de Aragua.
En enero, las fricciones entre Trump y Petro casi desembocaron en la imposición de aranceles recíprocos cuando Colombia se rehusó a aceptar aviones militares que transportaran a deportados, alegando que estaban siendo maltratados al estar esposados. Finalmente, Petro accedió a recibir a los deportados y envió sus propios aviones para su traslado.
Cuando parecía que la polémica se había disipado, surgió otro roces: EE. UU. retiró al encargado de negocios de su embajada en Bogotá como protesta por los comentarios del presidente colombiano acerca de un supuesto intento golpista en su contra, a los que después se retractó. El diplomático regresó, aunque ya enfatizó que la relación bilateral atravesaba uno de sus periodos más delicados en décadas.
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