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NUEVA YORK – La votación partidista sobre el proyecto de ley “One Big Beautiful Bill” del presidente Donald Trump puso al descubierto la profunda polarización que existe tanto en el Congreso como en todo el país. Con la Cámara y el Senado volviendo de su receso de verano y millones de estadounidenses de todas las afiliaciones enfrentando importantes retos económicos, resulta esencial identificar políticas que puedan trascender el antagonismo entre partidos, impulsar una prosperidad compartida y ofrecer a los trabajadores una participación en el futuro colectivo de la nación.
Con este objetivo, varios proyectos de ley que se discuten actualmente en la Cámara de Representantes y en el Senado se concentran en reforzar la propiedad de los empleados y cuentan con un respaldo bipartidista sin precedentes. Un ejemplo es la Ley de Propiedad Estadounidense y Resiliencia (AORA), promovida por una coalición inesperada de senadores de estados con fuertes presencia republicana y demócrata, como Kansas, Indiana, Maryland y Vermont (así como por representantes de Utah, Dakota del Sur, Illinois y Minnesota en la Cámara). Esta iniciativa anima a los empresarios que se retiran a vender acciones de sus compañías a sus trabajadores.
Esta normativa fortalecería la base industrial del país al invertir en los empleados y sus comunidades, reflejando el creciente entusiasmo por la propiedad colectiva como vía para crear riqueza e incluir económicamente a más trabajadores estadounidenses. Además, brinda un raro espacio de consenso que los legisladores pueden aprovechar oportunamente después del Día del Trabajo.
Aunque la AORA es una propuesta reciente, la tenencia de acciones por parte de los empleados ha sido una constante, aunque poco destacada, de la economía de EE. UU. durante décadas. Los planes de propiedad de acciones para empleados (ESOP), que permiten a los trabajadores adquirir una participación en las empresas donde laboran, surgieron por primera vez en Estados Unidos en 1956. Hoy existen más de 6,500 ESOP en el país, entre ellos compañías conocidas como los supermercados Publix, Eileen Fisher y Room & Board.
Los ESOP son sólo una de las múltiples estructuras cooperativas, de participación accionaria y de fideicomiso entre empleados que operan en diversos sectores, desde la agricultura (Ocean Spray, Land O′Lakes) hasta los servicios financieros (un ámbito que incluye cooperativas de crédito mutuas, compañías de seguros y otras formas de propiedad por parte de clientes). Vanguard, por ejemplo, es propiedad de sus inversores particulares.
Los defensores de la propiedad de los empleados destacan la alineación de incentivos que brinda el modelo: los trabajadores se benefician del éxito de la empresa y, por tanto, están motivados a contribuir a ese éxito. Los datos indican que las compañías con participación de los empleados suelen registrar mayor compromiso laboral, menor rotación de personal y mayor productividad y desempeño financiero, especialmente en periodos de recesión. Para los empleados, la propiedad se traduce en mayor estabilidad en el empleo, ingresos más altos y mayor seguridad en la jubilación.
En los últimos años, con el agravamiento de la desigualdad de ingresos y riqueza en EE. UU., la propiedad de los empleados ha captado una atención creciente, particularmente al dificultarse los medios tradicionales de acumulación de patrimonio para la clase media (como los planes de ahorro 401(k) y la compra de vivienda). Por ello, una nueva generación de organizaciones sin fines de lucro –como Project Equity, Ownership Works y Working World– se ha aliado con sectores empresariales y sindicales para promover la tenencia de los trabajadores. Además, estas coaliciones emergentes se basan en el trabajo de asociaciones sectoriales fundadoras del movimiento para impulsar reformas políticas y legislativas, como la expansión de los ESOP.
El momento es propicio para impulsar estos modelos. El retiro masivo de la generación del baby boom, y con él millones de empresarios que buscan planes de sucesión y salida, abre una importante oportunidad de mercado. Por eso, un número cada vez mayor de inversores, desde grandes firmas como KKR hasta fondos emergentes como Apis & Heritage, se están enfocando en financiar la transición a la propiedad de los empleados.
Este aspecto es crucial, ya que el costo de dichas transiciones ha sido históricamente una barrera significativa. Los trabajadores frecuentemente carecen del capital necesario para adquirir acciones, aun cuando los propietarios prefieren venderlas a sus empleados antes que a inversores externos. La AORA, por tanto, propone crear fondos de inversión especializados, respaldados por hasta 5,000 millones de dólares en garantías de préstamos federales, para facilitar la venta de pymes a sus trabajadores. Ese aval gubernamental reduciría el riesgo para los prestamistas, permitiendo la transición sin necesidad de subsidios al contribuyente.
Aunque estas tendencias tienen alcance nacional, la propiedad de los empleados resuena fuertemente a nivel local como una vía eficaz de conservar empleos y recursos en las comunidades. Por ello, la práctica es habitual en varias regiones de Europa, como Emilia‑Romaña en Italia y el País Vasco en el norte de España, sede de la Corporación Mondragón, la mayor federación mundial de cooperativas de trabajo asociado.
Una versión marcadamente estadounidense ha ganado impulso en el país, desde Morganton, Carolina del Norte, hasta Cleveland, Ohio, preservando o creando miles de empleos de alta calidad y generando millones de dólares en ingresos y activos para las economías locales. De hecho, el impulso federal a favor de políticas de propiedad laboral más amplias se inspira en gran medida en los éxitos estatales y legislativos.
En 2020, por ejemplo, Colorado estableció una oficina de propiedad de empleados, complementando la labor de organizaciones sin fines de lucro como el Centro de Propiedad de Empleados de las Montañas Rocosas para fomentar un ecosistema dinámico de empresas propiedad de sus trabajadores en la región. Una de esas compañías, Drivers Cooperative Colorado, es la primera plataforma de viajes compartidos a pedido y de propiedad de conductores en EE. UU. Colorado concede créditos fiscales a las empresas que adoptan ESOP, fideicomisos de propiedad de empleados o estructuras análogas, y recientemente aprobó una ley para ampliar los incentivos tributarios a la tenencia de los trabajadores. Leyes similares se han aprobado o propuesto en otros estados, desde Massachusetts y California hasta Iowa e Indiana.
El respaldo bipartidista a la propiedad de los empleados constituye una visión económica inusualmente unificada dentro del panorama político estadounidense, que de otro modo está muy fragmentado. La equidad amplia no es aplicable a todas las empresas, y el movimiento no es una panacea para los complejos desafíos económicos del país. Sin embargo, la tenencia de los empleados brinda a muchos estadounidenses una manera de participar de forma significativa en sus lugares de trabajo y comunidades, y de involucrarse activamente en la economía y el futuro colectivo de la nación.
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