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SACRAMENTO, California (KABC) — El despliegue de la Guardia Nacional por parte del entonces presidente Donald Trump a principios de junio, tras días de protestas por redadas de inmigración, tuvo un costo aproximado de $118 millones de dólares, según declaró el gobernador Gavin Newsom el jueves.
En un comunicado, la oficina del gobernador calificó la acción como una maniobra “ilegal” llevada a cabo “con la excusa de proteger instalaciones federales”.
De acuerdo con el comunicado, el despliegue de más de 4.200 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines generó un gasto de $71 millones de dólares en alimentos y otros insumos esenciales, $37 millones de dólares en nómina, más de $4 millones de dólares en logística, $3.5 millones de dólares en traslados y $1.5 millones de dólares en costos de desmovilización.
“No olvidemos lo que esta puesta en escena política nos está costando a todos — millones de dólares de los contribuyentes malgastados, una merma en la preparación de los miembros de la Guardia Nacional en todo el país y complicaciones innecesarias para las familias que respaldan a esas tropas”, manifestó Newsom en un comunicado. “¡Eso sí que es derroche, fraude y abuso! Pedimos a otros estados que hagan sus propios cálculos”.
En agosto, la oficina de Newsom presentó una solicitud federal amparada en la Ley de Libertad de Información, requiriendo documentos y registros para determinar los gastos totales derivados de la activación de los marines y la federalización de la Guardia Nacional desde el 7 de junio, según informó la oficina del gobernador.
El martes, un juez federal dictaminó que la administración Trump había infringido “deliberadamente” la ley federal al enviar tropas de la Guardia Nacional al área de Los Ángeles.
En el fallo de 52 páginas, el juez federal de distrito Charles Breyer, con sede en San Francisco, señaló que Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han expresado su intención de desplegar tropas de la Guardia Nacional en otras ciudades del país, incluyendo Oakland y San Francisco, lo que suscita preocupación por la posible creación de una “fuerza policial nacional con el presidente a la cabeza”.
Breyer no ordenó la retirada de los 300 soldados restantes, pero sí indicó que recibieron un entrenamiento inadecuado y ordenó a la administración que dejara de utilizarlos “para hacer cumplir las leyes”. La orden, que solo se aplica a California, entrará en vigor el 12 de septiembre.
La Casa Blanca anunció que el gobierno planea apelar.
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