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LA HABANA, Cuba. – El preso político Alexander Guzmán Silva denunció, en una llamada a CubaNet este martes, que recibió una amenaza de muerte en la Prisión Provincial de Granma, Las Mangas.
Aún conmovido, el activista relató que el sábado 20 de septiembre un interno llamado Leosdanis Coureilla Moreno lo amenazó con matarlo “a puñaladas”. Señaló también que se trata de un condenado por robo con violencia a quien había revocado recientemente la libertad condicional, y precisó que el 13 de septiembre el mencionado recluso sostuvo una reunión a puerta cerrada con oficiales del centro penitenciario.
Aunque el activista no pudo precisar con quién o con cuántas personas se encontró Coureilla Moreno, asegura que pocas horas después de ese encuentro el sujeto comenzó a acosarlo, insultarlo y denigrarlo.
Según el preso político, los agravios verbales fueron escalando de intensidad hasta que el 20 de septiembre el interno se le acercó y le dijo: “Ahora mismo puedo apuñalarte y dejarte tirado donde estás sentado. También puedo incrustarte droga en la celda y que te condenen a diez años”.
Guzmán Silva planteó la situación al jefe de pelotón de la unidad carcelaria, según indicó a CubaNet. Asimismo, informó los hechos a la psicóloga civil no identificada, quien le prometió comunicarlo al director de la prisión. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna.
Por su parte, el jefe del pelotón aseguró haber conversado con el director y haber acordado “tomar cartas en el asunto”. No obstante, según Guzmán Silva, no ha constatado que se hayan adoptado medidas contra el acosador.
El preso político responsabiliza a los militares de cualquier daño a su integridad. A su juicio, los uniformados buscan motivos para aplicar una condena, pues su única falta es haber ejercido su derecho a la libertad de reunión y expresión.
Alexander Guzmán Silva fue detenido el 23 de mayo de este año como represalia por participar en una protesta pacífica celebrada ese día en Bayamo, su ciudad de residencia. Según denunció anteriormente, lo acusan del delito de “desórdenes públicos”, figura que el régimen de La Habana emplea para criminalizar el derecho a la reunión.
El activista, de 25 años, dirige actualmente Impacto Juvenil Republicano, rama del Partido Republicano de la provincia Granma. Al momento de su captura ganaba la vida como vendedor ambulante de pan y confituras.
Consultado sobre el caso, el abogado Alain Espinosa, del Centro de Información Legal Cubalex, señaló que “tanto el Reglamento de Prisiones como la Ley de Ejecución Penal obligan a los funcionarios de Orden Interior a actuar para prevenir y responder a amenazas y violencia entre reclusos, garantizando la seguridad y la atención de la víctima”.
Agregó que los militares “deben adoptar todas las medidas necesarias para impedir cualquier situación, incluido el aislamiento preventivo”. Sin embargo, añadió, “en los casos de personas privadas de libertad por motivos políticos, a menudo son los mismos funcionarios de Orden Interior o la Seguridad del Estado quienes ordenan a presos comunes que los amenacen y los violenten, o, en el mejor de los casos, lo permiten sin actuar conforme a la ley”.
Concluyó: “Este tipo de actuaciones, además de contravenir la legislación interna, vulnera el principio de no discriminación y la tramitación expedita de denuncias de los reclusos por violaciones a sus derechos o por riesgos a su seguridad personal, establecidas en las Reglas Mandela”.
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