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Caba indicó que el Senasa se fundó siguiendo un modelo de protección social tomado como referencia en Chile, contando con una modalidad contributiva para los trabajadores del Estado y una modalidad subsidiada dirigida a los sectores más necesitados.
El médico señaló que, al principio, el esquema operaba, pese a presentar dificultades de capitalización en la parte contributiva, la cual empezó a captar aportes de los funcionarios públicos. No obstante, advirtió que con el transcurso del tiempo se autorizó la participación de compañías privadas en la prestación de servicios del régimen subsidiado, lo que provocó anomalías y demoras en la distribución de fármacos y atención sanitaria.
Se concedió a un conjunto de firmas privadas la administración de los servicios que tradicionalmente correspondían a los hospitales públicos. Según indicó, ello ha ocasionado que numerosos pacientes no obtengan la atención requerida y que prevalezcan intereses mercantiles sobre el bienestar.
Caba mencionó los contratos de telemedicina y de puntos médicos, los cuales operaban de forma deficiente a pesar de generar más de 314 millones de pesos al mes.
El doctor alertó que el modelo se ha alejado de su meta inicial, pues los hospitales públicos se encuentran en ruinas, hay escasez de especialistas, laboratorios y equipos en mal estado, mientras se brinda preferencia al ámbito privado.
“Sustraer fondos a los más vulnerables no solo es inmoral, sino también ilícito”, subrayó en el Programa El Día.
Caba exhortó a los poderes públicos y a la sociedad civil a salvaguardar al Senasa, impidiendo que se transforme en un botín político y financiero. Recalcó la necesidad de robustecer las unidades de atención primaria para asegurar una atención cercana y eficaz para la ciudadanía.
Por último, el expresidente del Colegio Médico declaró que la corrupción y la privatización han erosionado la misión del Senasa.
“Debe permanecer como un ente público, centrado en los más necesitados y subsidiado por los trabajadores, pues su fin no es el lucro sino la protección de la salud de la población”.
El Seguro Nacional de Salud (Senasa), la mayor administradora de riesgos de salud del país con más de siete millones de asegurados y millones de autorizaciones anuales, se vio envuelto en una trama que absorbía sus recursos mediante distintos fraudes realizados simultáneamente. La crisis financiera derivada de estas operaciones disparó las alertas.
Según la Unidad Antifraude del Gobierno, las líneas de investigación incluyen un centro de llamadas paralelo que aprobaba procedimientos inexistentes, pagos exprés a proveedores, una contratación revocada por Contrataciones Públicas, un “rescatador” financiero del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y fraudes en la autorización de medicamentos por al menos una compañía farmacéutica.
Al mismo tiempo, otro esquema desangraba los recursos del Senasa: una destacada cadena de farmacias elaboraba reportes falsos de venta de fármacos empleando datos de afiliados que ni siquiera estaban al tanto.
Dicha farmacia extraía hasta tres mil pesos de afiliados que aún no habían consumido su cupo anual de 12 mil pesos asignado por el Seguro Familiar de Salud.
La compañía localizaba a los afiliados cuya fecha de consumo estaba próxima a vencer y les aplicaba descuentos para pasar desapercibido. Esto se basaba en la normativa que otorga a cada afiliado el derecho a gastar hasta 12 mil pesos en medicamentos recetados al año, sin posibilidad de acumularlos, reiniciándose cada periodo calendario.
Reclamo de un afiliado. EL DÍA investigó el caso de un asegurado que detectó un consumo ficticio de RD$1,817.00 y, al manifestar su inconformidad en la farmacia, fue abordado por un empleado que le ofreció reembolsar el importe, añadirle cinco mil pesos en efectivo y garantizarle los medicamentos recetados de forma vitalicia.
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