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El gobierno de EE.UU. elabora un plan para suprimir la mayor parte de la información no inglesa de los servicios federales

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En un plazo de 120 días, el Departamento difundirá y solicitará comentarios de las agencias.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

El Departamento de Vivienda de EE.UU. solo atenderá en inglés, según la respuesta del gobernador de California.

CNN en Español —

En sus casi 250 años de historia, Estados Unidos no tuvo un idioma oficial.

Eso ha cambiado desde marzo de 2025, cuando el presidente Donald Trump emitió un decreto que impulsó un profundo cambio social: el inglés será el idioma oficial del país, al menos ante los ojos del gobierno federal.

En unos seis meses, el Departamento de Justicia espera definir cómo funcionará la transición. Lo que sí es claro es que Washington busca eliminar la prestación de servicios en cualquier idioma que no sea inglés hasta el límite que permita la ley.

Pero, ¿qué significa eso?

Por ahora, el gobierno se encuentra en medio de una revisión de los servicios federales actuales que ofrece en otros idiomas, evaluando desde la información que actualmente brindan las agencias federales, nuevas investigaciones científicas respaldadas por el gobierno, procesos de ciudadanía, hasta asuntos que podrían parecer sin gran importancia, como las señales en los parques nacionales.

Al eliminar gradualmente la información que no esté en inglés, el Gobierno espera reinvertir lo que se ahorre en no prestar información en otros idiomas en programas para el aprendizaje y dominio del inglés, según el memorando que emitió el Departamento de Justicia a mediados de julio.

Ese memo afirma que es “una estrategia con visión de futuro para mejorar la integración social y económica, ofreciendo a todos los residentes la oportunidad de aprender y adoptar el inglés como medio para alcanzar el sueño americano”.

Pero Arturo Vargas, asesor sénior de la organización de derechos civiles NALEO Educational Fund, advierte que el cambio pone en peligro al público en general. “Si el gobierno deja de emitir advertencias en otros idiomas cuando haya crisis de salud o desastres naturales, parte del público no sabrá cómo prepararse o protegerse”.

Un servicio clave ya dejó de funcionar. Se trata de LEP (Limited English Proficiency), dedicado a ofrecer asistencia a aquellos con poco dominio del inglés, creado por un decreto del presidente Bill Clinton en el 2000, para mejorar los mecanismos de acceso a servicios federales.

La página LEP.gov ya es inservible. El memo del Departamento de Justicia señala que, de ahora en adelante, el acceso a “cartas, publicaciones en internet, videos de YouTube y materiales de capacitación” del gobierno en otro idioma quedan suspendidos y serán reemplazados por las nuevas guías que, según el Departamento, reflejarán el nuevo decreto “y la Constitución”.

¿Puede el Gobierno mantener toda la información, material y servicios únicamente en inglés?

Aunque es un golpe para la diversidad y para el objetivo de que el Gobierno sirva a todos los que viven en EE.UU., Laura Vásquez, directora de integración de inmigración de UnidosUS, cree que no sería tan desastroso como parece. “El acceso lingüístico sigue siendo un requisito legal. Además, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe que los beneficiarios de fondos federales discriminen por motivos de ‘origen nacional'” que, recalca Vásquez, la Corte Suprema ya ha interpretado previamente como parte de la discriminación basada en el idioma.

Pero no está claro cuál será el alcance y cuánto se puede restringir el acceso a material sobre seguro social u otros beneficios.

Sí existen más leyes que limitan al gobierno, señala Jacob Hofstetter, analista del Instituto de Política Migratoria, pero asegura que, por ejemplo, en el caso del Título VI de la Ley de Derechos Civiles, el peligro es que no se aplica a las agencias directamente, y que el decreto del 2000 emitido por Clinton era el que obligaba a las agencias a respetar esos requisitos. “Como resultado, las propias agencias federales tienen mucho margen de maniobra para eliminar o reducir sus materiales multilingües”, asegura Hofstetter.

Los votantes marcan sus boletas en un centro de votación con instrucciones en inglés, español y criollo el 2 de noviembre de 2010 en Miami, Florida.

Robert Sullivan/Getty Images North America/Getty Images

Por ahora, en 60 días (contando desde el 14 de julio, cuando el Departamento de Justicia publicó el memo), se recopilarán las recomendaciones de todas las dependencias del Gobierno federal. En un plazo de 120 días, el Departamento difundirá y solicitará comentarios de las agencias. Y en 180 días, emitirá una nueva guía para priorizar el inglés. Aunque, por ahora, los directores de las dependencias pueden mantener los productos u otros servicios multilingües preparados y ofrecidos, pero “deberán considerar que los servicios solo se presten en inglés al máximo posible”.

Ya el Departamento de Vivienda eliminó la página en español. La Casa Blanca había borrado la página en español al comienzo de la presidencia de Donald Trump, aunque también la eliminó en su primer mandato.

Hofstetter advierte también que el gobierno podría estar limitando su propio poder con los cambios que pide Trump, porque si las agencias federales solo entregan información en inglés, muchos podrían no entender cómo cumplir con la ley: “Por ejemplo, si la Oficina de Impuestos (IRS) espera que los contribuyentes completen correctamente un formulario en particular, pero no comunica las instrucciones en otros idiomas que no sean el inglés, los contribuyentes que tienen un dominio limitado del inglés pueden seguir cometiendo los errores que la agencia está tratando de evitar”. Y eso puede terminar en pérdida de ingresos para el fisco.

Y otros beneficios, como el seguro social y los beneficios para veteranos, también están en el aire.

El Departamento de Justicia quiere respaldarse en la tecnología actual, y apuesta a que “los servicios de traducción permitirán a las agencias desarrollar métodos rentables para superar las barreras lingüísticas y reducir las ineficiencias en el proceso de traducción”. Y cuando existan casos en los que una agencia federal considere que debe mantener un servicio multilingüe, tendrá que “incluir una nota clara que indique que el inglés es el idioma oficial y la versión autorizada de toda la información federal”.

Otra gran pregunta es qué tanto se verán afectados los servicios que prestan y administran los estados con fondos federales. “El financiamiento federal les ha permitido a muchos estados prestar servicios en idiomas diversos”, dice Oscar Chacón, asesor de la organización Alianza Américas, quien señala que “lo que el gobierno de Trump está diciendo es que prefieren que se gasten recursos federales en programas de aprendizaje del idioma inglés. Será interesante saber si esa promesa se cumple”.

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