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De conformidad con el decreto 517‑25, estas adquisiciones “asegurarán” la continuidad y la seguridad del suministro eléctrico, así como la disminución de las pérdidas técnicas y no técnicas de las empresas distribuidoras de energía.
Con el objetivo de contrarrestar la reciente ola de cortes de luz que afecta a diversos sectores del país, el Gobierno declaró de “emergencia nacional” las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras destinadas a ampliar la capacidad de generación, reducir la inestabilidad de la red eléctrica, cubrir la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y reforzar el almacenamiento de energía en la República Dominicana.
Según el decreto 517‑25, suscrito por el presidente Luis Abinader este lunes, estas compras “garantizarán” la continuidad y la seguridad del suministro eléctrico, además de la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de las compañías distribuidoras de electricidad.
La medida gubernamental busca expandir la capacidad de generación eléctrica mediante la incorporación de nuevas unidades térmicas de respuesta rápida, que podrán ser contratadas, gestionadas u operadas directa o indirectamente por las empresas distribuidoras (las Edes, Punta Catalina o la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana).
Asimismo, se contempla la planificación, contratación, construcción e instalación de plataformas independientes de almacenamiento de energía eléctrica (stand‑alone) o bancos de baterías, en las instalaciones de generación que serán incorporadas mediante la contratación, gestión u operación directa o indirecta por parte de las distribuidoras.
De igual forma, la adquisición de equipos, repuestos, materiales y facilidades destinados a la prestación del servicio de distribución, transformación, medición y facturación del suministro eléctrico, así como la contratación de proyectos de rehabilitación y ampliación de las redes de distribución, contratos para la reducción de pérdidas y convenios para la gestión de la demanda de los “usuarios no regulados” por parte de las distribuidoras, con el objetivo de disminuir tanto pérdidas técnicas como no técnicas.
Asimismo, se dispone la contratación de servicios de consultoría, asesoría, asistencia técnica, servicios jurídicos, diseños, análisis financieros, estudios de ingeniería, geología o impacto ambiental que resulten necesarios para la puesta en marcha y ejecución de las compras y contrataciones.
“Se declara de interés nacional la ampliación de la matriz de generación eléctrica, con el fin de atender el aumento súbito de la demanda eléctrica nacional. En este sentido, se ordena a las empresas distribuidoras de energía, así como a las entidades involucradas en la interconexión y puesta en servicio de las centrales correspondientes, actuar con la mayor celeridad para cubrir la necesidad antes mencionada, dentro del marco de sus respectivas leyes”, establece el artículo siete.
El decreto señala que la declaratoria de estas compras y contrataciones de emergencia nacional tendrá una vigencia de un año a partir del ocho de septiembre.
“Transcurrido dicho plazo, quedará extinguida de pleno derecho la situación de emergencia declarada mediante el presente decreto, salvo prórroga expresa otorgada mediante un nuevo decreto presidencial que la justifique”, indica el mismo documento.
El Gabinete del sector eléctrico, presidido por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, será el encargado de supervisar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos por el decreto.
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