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La Procuradora General Yeni Berenice Reynoso, acompañada de otras autoridades del MP
“La corrupción no se limita a ser un delito; representa una seria transgresión a los derechos humanos y a los de toda la ciudadanía, por lo que reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de perseguirla sin favoritismos y de decomisar los bienes obtenidos por actividades ilícitas para restituyérselos a la sociedad”.
Así se expresó ayer la procuradora general Yeni Berenice Reynoso al dar a conocer la incorporación del Ministerio Público a la campaña nacional “Protegiendo lo Nuestro con Integridad”, impulsada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) encabezada por la doctora Milagros Ortiz Bosch.
Una vez colocado el cartel de la campaña en la entrada principal del edificio del Ministerio Público, la titular del órgano de persecución señaló que la iniciativa transforma a cada ciudadano en un “agente activo de defensa del patrimonio público”, que a partir de ahora podrá presentar denuncias de corrupción a través de un código QR que dirige a un formulario digital de la PEPCA.
En el póster “Protegiendo lo Nuestro” se destacan siete pilares de confianza y transparencia, y se enumeran los delitos del Código Penal aplicables al sector público, que sancionan la corrupción cuando “el funcionario emplea su cargo para robar”.
Se resume que en Contrataciones Públicas constituye delito “cuando se emplea el dinero del Estado para adquirir o contratar cualquier bien o servicio, infringiendo las normas vigentes”.
Respecto a la Responsabilidad de las empresas, se indica que estas “pueden incurrir en delitos cuando sus directivos o empleados actúan de manera corrupta”.
El enriquecimiento ilícito se define como “cuando un funcionario posee más recursos o bienes de los que puede justificar”.
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El delito de Corrupción se produce “cuando hay manipulación de pagos y obras públicas para beneficiar a unos pocos en detrimento del Estado”.
El Soborno y Tráfico de Influencia se identifica “cuando un funcionario o particular otorga, recibe o solicita favores y dinero para obtener ventajas legales”.
El Abuso de Poder en la Función Pública consiste en “acciones ilegales que entorpecen el buen funcionamiento del Estado y el uso correcto de los recursos públicos”.
“Nosotros, como institución con los más altos estándares de transparencia, tenemos un compromiso; por ello, desde el Ministerio Público nos sumamos a esta campaña, convencidos de que la corrupción es una grave vulneración de los derechos humanos de toda la sociedad y que proteger lo público equivale a proteger la salud, la educación, la seguridad y los servicios de calidad a los que todos tenemos derecho”, puntualizó la magistrada Yeni Berenice.
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