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Los acusados, señalados como integrantes de una red delictiva que, junto a otros individuos aún en fuga, supuestamente actuaron entre el 1 de junio de 2024 y el 14 de mayo de 2025.
El Ministerio Público solicitó a un tribunal del Distrito Nacional la medida cautelar de prisión preventiva contra una mujer y un hombre, acusados de un fraude de más de RD$ 11 millones, perpetrado por una supuesta estructura criminal dedicada a vulnerar la red digital y financiera de una entidad bancaria.
Los imputados Cristina Evelyn Peguero Sánchez y Darwin Emmanuel Jacobo fueron arrestados durante un operativo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que incluyó cuatro allanamientos simultáneos en diferentes sectores de San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana.
El operativo fue dirigido por las fiscales Lewina Tavárez Gil, responsable interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, con el apoyo de miembros de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva contra los imputados, señalados como parte de una red delictiva que, junto a otros individuos aún prófugos, operó entre el 1 de junio de 2024 y el 14 de mayo de 2025, con el objetivo de vulnerar la red digital y financiera de una entidad bancaria, logrando estafar la suma de RD$ 11,131,200.00.
La jueza Fátima Veloz Suárez, titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, pospuso la audiencia para este domingo, 7 de septiembre de 2025, con el fin de permitir que las defensas de los imputados presenten presupuestos de arraigo.
El Ministerio Público les imputa violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El órgano persecutor sostiene que se trata de una “red criminal” altamente organizada y solicita la prisión preventiva como medida necesaria para garantizar el buen desarrollo del proceso, salvaguardar la integridad de la investigación y asegurar la comparecencia de los imputados, mientras las pesquisas continúan su curso.
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