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ESTADOS UNIDOS.- — El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, autorizó el envío de hasta 600 abogados militares para ejercer temporalmente como jueces de inmigración, según un memorando revisado por The Associated Press.
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El memorándum, fechado el 27 de agosto, señala que el personal militar enviará grupos de 150 abogados, tanto militares como civiles, al Departamento de Justicia “tan pronto como sea posible”, y se espera que la primera asignación de personal se determine la próxima semana.
Esta decisión surge en un momento en que la administración Trump recurre cada vez más a las fuerzas armadas como parte de su estrategia para combatir la inmigración ilegal, lo que incluye:
La atención de la administración hacia la inmigración ilegal ha incrementado la carga de trabajo de los tribunales, que ya enfrentaban un retraso de aproximadamente 3.5 millones de casos.
Además, más de 100 jueces de inmigración han sido destituidos o han renunciado tras aceptar renuncias diferidas ofrecidas por la administración Trump. Según la International Federation of Professional and Technical Engineers, al menos 17 jueces fueron despedidos “sin justificación” en julio.
Actualmente, hay alrededor de 600 jueces de inmigración activos, por lo que la incorporación de abogados militares duplicaría la cantidad disponible.
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El Departamento de Justicia solicitó esta asistencia al Pentágono, y los abogados militares desempeñarán funciones como jueces por un período no mayor a 179 días, con posibilidad de prórroga. El memorándum enfatiza que su despliegue dependerá de la disponibilidad y podría requerir la movilización de oficiales de la reserva.
Asimismo, el Departamento de Justicia debe asegurar que el personal asignado cumpla con la ley federal, incluyendo la prohibición de utilizar a las fuerzas armadas como fuerza de seguridad interna, conocida como la Ley Posse Comitatus.
Un portavoz del DOJ derivó las preguntas sobre el plan al Departamento de Defensa, que a su vez las remitió a la Casa Blanca. Un funcionario de la Casa Blanca indicó que la administración está evaluando diversas opciones para reducir el retraso, incluyendo la contratación de jueces de inmigración adicionales, y afirmó que el tema debe ser “una prioridad que todos — incluidos aquellos que esperan la resolución de sus casos — puedan respaldar”.
La administración sufrió recientemente un revés judicial, al determinarse que violó la ley federal al enviar tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles en junio.
Por ahora, no está claro cómo afectará al sistema judicial militar el traslado de 600 abogados, quienes, como jueces militares, desempeñan funciones similares a los abogados civiles, incluyendo procesos penales, defensa legal y asesoramiento jurídico.
Los casos de inmigración pueden tardar años en resolverse, con audiencias finales programadas con más de un año de anticipación, lo que refleja la magnitud del desafío que esta medida busca abordar.
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