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Puerto de la Cruz (Tenerife) (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido este sábado la “dimisión inmediata” de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a raíz de los fallos detectados el año pasado en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de agresores.
En la ceremonia de apertura del curso político del PP en Canarias, Tellado ha adelantado también que su partido ha remitido el caso a la Comisión Europea por posible vulneración de “cuatro normas comunitarias”.
“Esto no quedará así”, ha subrayado Tellado, que ha culpado al Gobierno de España de “defraudar a las víctimas, dejándolas desprotegidas”.
Ha señalado que estos problemas con los brazaletes de los maltratadores representan una “ley del sí es sí 2.0” y ha calificado la supuesta “perjudicación de las mujeres” como una rutina, sello distintivo, “marca de la casa” del ejecutivo de Pedro Sánchez. “Menos mal que era el Gobierno más feminista de la historia”, ha bromado.
“Tienen tan poca vergüenza, son tan torpes, que compraron las pulseras en AliExpress… Qué gran metáfora de su visión del feminismo, un feminismo de AliExpress”, ha declarado Miguel Tellado.
“El desenlace de esta película solo puede ser uno: la dimisión inmediata de Ana Redondo, por negligente, incapaz e incompetente”, ha concluido.
El Gobierno ha asegurado este sábado que la incidencia, ya arreglada, surgió durante la transición entre las empresas encargadas de las pulseras de control telemático de agresores, provocando fallos puntuales en la migración de los datos históricos que afectaron a la actualización de condenas, pero nunca a la seguridad.
Fuentes gubernamentales han atribuido el problema a la fase técnica de cambio, entre 2023 y 2024, del contrato de Telefónica a Vodafone, con la colaboración de Securitas Seguridad España, lo que ocasionó que algunos expedientes no llegaran a los juzgados a tiempo; una vez recuperados, los procesos fueron reabiertos.
Han puntualizado que los dispositivos, que ni siquiera se adquieren en AliExpress, como había insinuado el PP, ni tienen un precio de 150 euros, funcionaron correctamente avisando a las víctimas siempre que estaban en riesgo.
Las mismas fuentes han destacado que ninguna mujer con pulsera fue asesinada en 2022, 2023 ni 2024, y que no se ha producido ninguna excarcelación por defectos del sistema.
En este sentido, recuerdan que la Fiscalía General del Estado explicó el pasado 18 que las víctimas estuvieron protegidas en todo momento, que los incidentes afectaron a los trámites judiciales y no a la seguridad de las mujeres y que el problema quedó solucionado a finales de 2024, sin que en 2025 se haya registrado ninguna incidencia.
El ejecutivo ha recordado que el programa Cometa, creado en 2009, equipó actualmente a más de 4.500 mujeres con un dispositivo activo, alcanzando una cobertura total de 8.600 personas (víctimas más agresores bajo control), y que la Sala Cometa opera las 24 horas del día los siete días de la semana.
Asimismo, ha indicado que si un aparato falla o el agresor se lo quita, se avisa de inmediato a la víctima y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El contrato actual, de 42,6 millones de euros y con una vigencia de tres años, contempla más de 100 operarios en el centro de control, en coordinación directa con la policía y los juzgados, según han precisado las fuentes.
Las víctimas disponen de un smartphone y un botón de pánico con alerta instantánea; los agresores, por su parte, llevan un móvil y una pulsera diseñada para ser extremadamente resistente y duradera, capaz de funcionar en condiciones adversas (lo que se denomina “rugerizada”).
Todo ello está conectado a la plataforma Vodafone Invent, que gestiona posiciones, distancias y alertas.
Como novedades, el sistema actual permite asignar varios dispositivos en casos múltiples, reduce la estigmatización al consistir solo en un móvil y un botón, y los aparatos son robustos, de gran autonomía y con sistemas alternativos al GPS.
La Asociación de Mujeres Juristas Themis considera que el cambio de pulseras de control telemático de agresores y, concretamente, de la empresa proveedora, provocó una desprotección de las mujeres víctimas, ya que durante “unos meses” no se pudieron presentar pruebas de quebrantamiento de condena.
La portavoz de la asociación, Ángela Alemany, ha explicado a EFE que las víctimas quedaron desprotegidas porque no contaban con pruebas, lo que originó absoluciones y sobreseimientos, situación que se mantuvo varios meses del año pasado, aunque no dispone de cifras exactas ni del número de casos ni del periodo preciso en que ocurrió.
Según su valoración, las víctimas se vieron desamparadas al no poder presentar en los procesos la evidencia que demostrara el quebrantamiento de órdenes de alejamiento.
“No se pudieron trasladar esos datos porque existió una migración de la información y los datos solicitados no estaban disponibles, y eso duró unos meses”, ha detallado Alemany, añadiendo que eso “ha conducido a absoluciones y archivos de procedimientos”.
En las absoluciones ha señalado que “ya no hay forma de moverlo”, y en los sobreseimientos “no se trasladó esa información anterior a marzo de 2024”, aunque “después de esa fecha no se ha presentado ningún problema”.
La abogada concluye, por tanto, que “sí se ha causado un perjuicio a las víctimas en los procedimientos en los que fueron absueltas esas personas”, y que “el Estado debería reparar ese daño, independientemente de que se reclame la responsabilidad a las empresas o a la empresa adjudicataria que haya tenido la gestión”.
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