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MIAMI, Estados Unidos. – El canciller del gobierno cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, dio a conocer este miércoles en La Habana el informe oficial acerca de los efectos del embargo estadounidense. El documento atribuye casi de manera exclusiva el deterioro económico y social al “bloqueo”, al que califica como el “punto central” de la política de Washington contra la isla y como una “política genocida”, sin admitir fallas internas.
“El bloqueo económico, comercial y financiero es el eje principal de la estrategia de máxima presión contra la Isla, con la intención de asfixiar su economía, crear carencias y descontento para desencadenar un estallido social”, declara el informe.
Se cuantifica en 7 556,1 millones de dólares los perjuicios acumulados de marzo 2024 a febrero 2025 —un incremento del 49 % respecto al período anterior— y se sostiene que la economía habría crecido 9,2 puntos porcentuales más sin esa “política genocida”. Además, se reconoce una contracción del PIB del 1,1 % en 2024.
La narrativa oficial niega que la crisis sea consecuencia de errores de gestión. El propio texto tacha de “cínicas” las aseveraciones de que “las dificultades que enfrenta la economía cubana son fruto del modelo socialista y de errores gubernamentales”, y afirma que “sería mentiroso negar que el bloqueo representa el principal obstáculo al desarrollo de Cuba”.
Como elementos clave del “andamiaje coercitivo”, el documento destaca la permanencia de Cuba en la lista estadounidense de “presuntos patrocinadores del terrorismo”, la activación del Título III de la Ley Helms‑Burton y otras medidas orientadas a “hacer colapsar la economía cubana”.
Asimismo, señala que hasta marzo 2025 se habían interpuesto 45 demandas bajo dicho título, de las cuales 30 continuaban en trámite, y que en febrero 2025 Washington rechazó “decenas de pasaportes cubanos” y negó visados gestionados por entidades estatales cubanas. También denuncia el Memorando Presidencial No. 5 del 30 de junio de este año, que “confirma la política de máxima presión”.
En el plano sectorial, el reporte indica que la persecución financiera y comercial afecta a salud, energía, cultura y comercio exterior. Cita, por ejemplo, la frustrada compra de bolsas de hemodiálisis mediante una fusión empresarial con una compañía estadounidense; la imposibilidad de comercializar en EE. UU. el Heberprot‑P (con estimaciones de ingresos perdidos de 90 millones de dólares); y daños en los sectores de energía y minería por 496,08 millones en el período, con la Unión Eléctrica acumulando 279,35 millones.
El texto añade que la crisis eléctrica actual —por “fallas en los equipos”, huracanes y escasez de diésel— provocó pérdidas diarias de entre 1 400 y 1 500 MW y tres apagones nacionales entre octubre y diciembre, los cuales “incidieron fuertemente” en la economía y la población.
Para sustentar su tesis, el Gobierno cubano retoma el memorando del 6 de abril de 1960 del subsecretario estadounidense Lester Mallory: “(…) Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba (…) provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.
El informe también invoca el respaldo internacional a su demanda de levantar las sanciones. Menciona que en octubre 2024 la Asamblea General de la ONU aprobó, con 187 votos a favor, dos en contra y una abstención, la resolución anual contra el embargo, y enumera declaraciones de diversos grupos y países en la misma línea.
En sus conclusiones, el documento afirma que el “bloqueo” “viola el Derecho Internacional”, “socava la economía cubana” y constituye “una violación masiva, flagrante y sistemática” de los derechos humanos del pueblo cubano. Con ello, La Habana reitera que el principal origen del empobrecimiento del país es externo, descartando públicamente que la crisis responda a decisiones y políticas internas.
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