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Santo Domingo. El gobierno de Estados Unidos ha degradado su embajada en República Dominicana, reduciéndola a una representación de segundo o tercer nivel, acumulando ya cinco años sin una representación oficial y, por lo general, con funcionarios de carrera al frente de la dependencia de manera interina.
Desde el 20 de enero de 2021, al finalizar la misión de la embajadora Robin S. Bernstein, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana no ha contado con un representante confirmado por el Senado estadounidense.
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Han pasado dos administraciones, múltiples encargados de negocios y más de cuatro años de dirección interina, lo que, en términos diplomáticos, ha colocado a Santo Domingo en un rango de representación de “tercera categoría”, limitada a funcionarios de rango medio.
Robin Bernstein presentó sus credenciales en septiembre de 2018 y finalizó su gestión el 20 de enero de 2021, coincidiendo con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca.
Con ella se cerró la última etapa en la que el país contó con un embajador confirmado, con acceso directo a los niveles políticos más altos del Departamento de Estado y a la administración local.
Desde esa fecha, ningún presidente estadounidense ha logrado designar un embajador en Santo Domingo.
Lo que inicialmente parecía una pausa breve mientras se designaba un nuevo titular, se convirtió en el período más extenso sin embajador en la historia de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
Durante los cuatro años de Joe Biden (2021-2025), la legación diplomática estuvo dirigida por encargados de negocios.
El presidente demócrata nominó en 2021 al político Calvin Smyre, veterano legislador estatal de Georgia.
Sin embargo, su nominación se estancó en el Senado, fue retirada y finalmente reasignada a otro destino diplomático.
El resultado: República Dominicana completó todo el cuatrienio de Biden sin embajador, con la misión conducida por encargados de negocios, entre ellos Robert W. Thomas.
En resumen, la administración demócrata evidenció la baja prioridad de Santo Domingo en su agenda de nombramientos, lo que podría deberse a la estabilidad democrática del país y su inclinación casi natural hacia las políticas emanadas desde Washington.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 alimentó expectativas de un cambio en la situación.
En marzo, la Casa Blanca nominó a Leah F. Campos, exfuncionaria de inteligencia y ejecutiva de Arizona, como embajadora designada.
Campos compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 1 de mayo y obtuvo la aprobación de la comisión el 8 de mayo.
Sin embargo, al cierre de agosto de 2025, el Senado aún no ha celebrado la votación de confirmación en el pleno, manteniendo el proceso congelado.
Esto implica que, a pocos meses de cumplirse el primer año de la nueva gestión republicana, la embajada continúa en manos interinas.
En términos operativos, la embajada sigue funcionando con normalidad: mantiene sus programas de cooperación, procesos de visado, intercambio cultural y coordinación en seguridad.
No obstante, el peso político de un encargado de negocios nunca es comparable al de un embajador confirmado.
Un embajador cuenta con acceso directo a las más altas autoridades locales y, sobre todo, con el respaldo de haber sido confirmado por el Senado de Estados Unidos.
Esa investidura fortalece su capacidad de interlocución y lo convierte en un canal más sólido para transmitir posiciones políticas, impulsar reformas o negociar acuerdos estratégicos.
En contraste, un encargado de negocios, habitualmente un diplomático de carrera, tiene funciones limitadas al ámbito técnico y administrativo.
Asegura la continuidad, pero difícilmente puede influir con la misma intensidad en temas de alto nivel.
Por lo tanto, en la práctica, la prolongada ausencia de un embajador es interpretada como una señal de desinterés o baja prioridad.
Que un socio estratégico como República Dominicana, con el que Estados Unidos mantiene profundos vínculos comerciales, migratorios y de seguridad, lleve más de cuatro años y medio sin embajador es una anomalía.
En ese lapso, Washington logró cubrir con titulares confirmados otras embajadas en la región, como Panamá, Costa Rica o Haití, incluso en medio de crisis complejas.
Esto refuerza la impresión de que la plaza dominicana quedó relegada a un segundo plano en la diplomacia estadounidense, pese a ser el principal socio comercial del Caribe y un país clave en materia de seguridad regional y cooperación antinarcóticos.
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