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La organización critica el desembolso de 65 millones en centros privados mientras la atención primaria pública se mantiene descuidada.
Santo Domingo.- La salud en la República Dominicana se ha transformado en un negocio, y un negocio de lujo. Lo que está ocurriendo con el Seguro Nacional de Salud (SENASA) lo confirma, señaló este martes la presidenta de la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA).
Alba Reyes explicó que la atención primaria no genera los ingresos que los principales protagonistas del sistema persiguen y perciben.
Como ejemplo citó el arrendamiento, por parte del SENASA, de 38 centros privados, denominados “puntos médicos”, para ofrecer servicios básicos. Según ADESA, esta gestión supone un gasto fijo de 65 millones de pesos en beneficio de un conglomerado empresarial, mientras las unidades públicas siguen sin atención.
“Nos interrogamos por qué canalizar recursos públicos al sector privado cuando existen más de 1 900 centros que precisan inversión. Hemos llamado a esos locales y muchos no brindan los servicios que anuncian, como pediatría, ginecología, nutrición u oftalmología. Además, mucha gente ni siquiera sabe que existen”, comentó Reyes en el programa El Día.
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Para la dirigente social, esta política muestra la falta de enfoque en las prioridades sanitarias. “Lo que hay detrás es un negocio”.
La atención primaria, considerada a nivel mundial como el primer eslabón para asegurar el bienestar de la población, sigue siendo el punto flaco del sistema dominicano.
Reyes la califica como “la cenicienta del sistema” pese a su relevancia para prevenir enfermedades, aliviar la presión hospitalaria y acercar los servicios a la ciudadanía.
Según la dirigente, aunque el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS) hayan anunciado avances, la realidad en los territorios dista mucho de los datos oficiales.
Esa brecha genera un desequilibrio que se traduce en hospitales de segundo y tercer nivel repletos de pacientes que podrían haber recibido atención oportuna en la primera línea.
“El resultado es un sistema saturado, con emergencias colapsadas, pacientes en pasillos y enfermedades que podían evitarse con un diagnóstico temprano”, afirma.
A su juicio, medir el éxito en salud por la cantidad de consultas hospitalarias es un error.
“El verdadero indicador de progreso sería tener menos enfermos ingresados porque fueron atendidos antes en la comunidad”, agrega.
Las unidades de atención primaria están diseñadas para acercar la salud a los barrios. Allí, la población debería encontrar un médico de familia o general, un ginecólogo, una enfermera y una red de promotoras comunitarias.
Además de consultas, esos espacios deben ofrecer educación, prevención y fomento de estilos de vida saludables.
“Cuando hablamos de atención primaria, hablamos de la embarazada que necesita control prenatal cerca de su casa, del diabético o hipertenso que requiere seguimiento, de la persona desnutrida que precisa orientación. Son servicios que salvan vidas y reducen gastos al sistema”, enfatiza Reyes.
La carencia de estas unidades provoca que muchos pacientes omitan este primer nivel y acudan directamente a hospitales, o peor aún, fallezcan en sus comunidades por falta de recursos para trasladarse.
Aunque el Gobierno ha inaugurado y remodelado algunos centros, la presidenta de ADESA insiste en que la situación en terreno es alarmante.
“Encontramos unidades sin especialistas, atendidas por pasantes. Otras carecen de insumos básicos, ni siquiera para procedimientos simples. Muchas operan en locales alquilados, sin condiciones dignas”, denuncia.
Esta realidad, asegura, demuestra que los recursos se destinan a proyectos visibles, como grandes hospitales, pero no a reforzar la base del sistema.
“No se trata solo de cortar cintas, sino de garantizar que la gente reciba un servicio cercano y confiable”, subraya.
Reyes relata casos que ilustran el peso que la deficiencia en atención primaria ejerce sobre los hospitales.
“En San Cristóbal, un familiar mío con un accidente cardiovascular pasó cuatro días en emergencia sentado en una silla porque no había camas disponibles. En el hospital Marcelino Vélez ocurre lo mismo: pacientes graves en condiciones indignas”, ejemplifica.
Este panorama, advierte, es consecuencia directa de no invertir en la prevención y el diagnóstico temprano.
“Cada peso invertido en atención primaria reduce un 67 % de enfermedades, según lo indicó el propio ministro de Salud. Sin embargo, se sigue apostando a soluciones tardías y más costosas”, lamenta.
ADESA también cuestiona los procesos de contratación y supervisión en el sector salud.
“Con SENASA vemos otra muestra de corrupción: contratos grado a grado, sin licitaciones transparentes y ausencia de mecanismos de control. Recursos públicos en manos privadas sin rendición de cuentas”, afirma Reyes.
Por ello, la organización insiste en la necesidad de participación ciudadana en la gestión sanitaria.
“La población debe ser parte de estos procesos, vigilar cómo se emplean los fondos y exigir que se respeten los derechos. No podemos seguir tolerando que se juegue con un tema tan sensible como la salud”, sostiene.
De cara al futuro, ADESA recomienda al Estado concentrar esfuerzos en robustecer las unidades de atención primaria existentes, ampliar la red hasta alcanzar las 6 000 necesarias y asegurar que cuenten con infraestructura, personal y equipamiento adecuados. Además, sugiere revisar los contratos del SENASA y priorizar la inversión en el sector público.
“La atención primaria no puede seguir siendo la cenicienta del sistema. Es la clave para un país más sano, para reducir gastos hospitalarios y, sobre todo, para evitar muertes prevenibles. El Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho”, concluyó Reyes.
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