Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
MIAMI, Estados Unidos. – Las dictaduras, regímenes autoritarios y estructuras gubernamentales que se mantienen al margen de la democracia se sienten incómodos ante las denuncias, las demostraciones ciudadanas y las críticas a su *statu quo*. Cuba — su pueblo y el espíritu de su nación — ha padecido durante 66 años la imposición de un modelo de violaciones a los derechos humanos en varios aspectos, donde la prohibición a pensar y expresarse libremente, bajo el disfraz de la legalidad, ha sido uno de los crímenes más notorios cometidos hasta hoy por los hermanos Castro y sus herederos, aún en el trono de verde olivo. En un rápido recuento de casi siete décadas de censura, sabemos que la represión a los intelectuales ha ido en aumento, comenzando con la prohibición de la prensa libre, la supresión de periódicos y revistas, el cierre de imprentas y editoriales existentes antes de 1959, y la toma forzosa de todos los medios de comunicación masiva bajo el férreo control del Partido Comunista de Cuba (PCC). Esta represión se intensificó hasta llegar a las amenazas, encarcelamientos, hostigamiento público, violencia física y la expulsión al exilio de escritores e intelectuales. La maquinaria del Departamento Ideológico del PCC, apoyada por las fuerzas de la Seguridad del Estado (DSE), junto a un aparato legal y jurídico aberrante y sometido, han dejado poco espacio para la libre expresión, ya sea a través de la escritura, la promoción editorial independiente o cualquier forma de desarrollo intelectual fuera de estructuras que operan como títeres del Ministerio de Cultura, como la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) o la Asociación Hermanos Saíz (AHS). Un marco legal respaldado por el Código Penal establece penas de hasta 20 años de cárcel o más para aquellos que, ejerciendo su derecho universal a la libre expresión, difundan dentro o fuera del país textos, ideas, propuestas ciudadanas u obras de arte cuyo contenido no se ajuste a los llamados principios del carácter socialista (comunista) de la Constitución de la República. En un breve listado aparecen los nombres de aquellos escritores cuyo desempeño literario les llevó a la cárcel — o que, más adelante, continuaron escribiendo tras las rejas, o comenzaron a hacerlo allí — y esa postura cívica les acarreó represalias adicionales. Herberto Padilla, Reinaldo Arenas, Ángel Cuadra, Jorge Valls, Ernesto Díaz Rodríguez, Néstor Díaz-De Villegas, Carlos Victoria, María Elena Cruz Varela, Jorge Olivera Castillo, Manuel Vázquez Portal, Raúl Rivero, Ángel Santiesteban, hasta dos de los casos más recientes: la poeta María Cristina Garrido, encarcelada tras las protestas del 11 de julio de 2021, y el escritor José Gabriel Barrenechea. Intentar publicar un libro fuera de la isla-cárcel, participar en un concurso literario — como el caso del escritor Leandro Eduardo “Eddy” Campa, quien envió su libro Calle Estrella y otros poemas a un certamen en Venezuela, lo que le costó su libertad en los años 70 del siglo pasado — crear y participar en la noble aventura de una revista o grupo literario, asociarse, difundir ideas o desafiar la política oficial son las maneras más comunes de asegurarse un billete directo al horrendo mundo de las ergástulas del comunismo caribeño, implantado y establecido por una familia, miles de efectivos militares, policiales y funcionarios públicos, así como millones de cómplices y ciudadanos atemorizados bajo una máquina represiva bien engrasada… siempre, con el concurso de estados enemigos de la libertad, algunos de ellos, incluso, gozando de su permanencia en la comunidad de naciones libres y democráticas de Occidente. Organizaciones internacionales y de alcance global como la ONU, Human Rights Watch, Freedom House, Human Rights First, Amnistía Internacional, el Pen Internacional y otros, si bien han denunciado y exigido directamente a la camarilla castrense que gobierna en La Habana, poco han podido hacer ante la ignominia de desviar la mirada o dar la espalda que sostienen universidades, grandes editoriales, organizaciones culturales y gobiernos en la Unión Europea, Asia y los propios Estados Unidos, en casos donde, por no perder las prebendas de sus viajes por el Malecón habanero, una estancia en las Playas Santa María o Varadero, o simplemente participar de los saraos literarios que organiza el régimen cubano para instituciones y representantes del silencio y la censura. Ganadores del Premio Nobel de Literatura como Gabriel García Márquez, José Saramago y Nadine Gordimer — entre otras figuras destacadas de las letras — prefirieron solicitar a Estados Unidos el fin del embargo económico al régimen cubano, en lugar de mencionar un solo nombre (excepto en casos de algún allegado) de periodistas y escritores independientes acosados, condenados a prisión, impedidos de salir del país o incluso obligados a abandonar su tierra natal bajo todo tipo de métodos de terror, simplemente por expresar su opinión libremente, plasmarla en papel y difundirla entre sus semejantes. Amnistía Internacional lleva años denunciando e insistiendo en que “las autoridades cubanas deben retirar todos los cargos destinados a silenciar a manifestantes y críticos”, además de que “nadie debería verse forzado a elegir entre abandonar su propio país o enfrentarse a cargos penales abusivos por los que nunca debió ser juzgado ni encarcelado”, señalan Human Rights Watch y Amnistía Internacional en un comunicado conjunto, similar a muchos otros llamados de atención. El artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Castillo Pérez (ganador de dos premios Grammy) están encarcelados desde hace cuatro años por el simple hecho de manifestarse pacíficamente y negarse a seguir la línea oficial de ofrecer su arte bajo las limitaciones gubernamentales. Cuando surgieron el video tape y el internet, el régimen de La Habana se percató de que los cineastas en 35 milímetros ya no eran su única preocupación. Con la explosión de las revistas digitales y los blogs en línea, una hidra de creatividad emergió frente a las botas militares frente al mismo Palacio de la Revolución. El surgimiento de las redes sociales trajo consigo un ajuste en la represión a nivel legislativo. Ahora “hay leyes que penalizan la libertad de expresión en Cuba: entre ellas el Decreto-Ley 370 Sobre la informatización de la sociedad cubana, el Decreto-Ley 35 Sobre telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación, y el uso del espectro radioeléctrico; así como el Código Penal”, indica un informe del portal Yucabite. Porque, ¿qué tienen en común el infoactivista Yoán de la Cruz, la *youtuber* Sulmira Martínez, Anniette González y Mayelín Rodríguez Prado, por solo mencionar unos pocos ejemplos? De la Cruz transmitió en vivo por Facebook el inicio de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 desde su pueblo de San Antonio de Los Baños en Artemisa; Sulmira, quien se hace llamar “Salem de Cuba”, publicaba *memes*, chistes y cuestionaba constantemente la política oficial del Gobierno; Anniette, desde Camagüey, se envolvió en la bandera cubana, se tomó fotos, las recopiló en una colección y las subió a su perfil de Facebook, mientras que Rodríguez Prado fue una de las que, bajo un incómodo apagón, transmitió por redes sociales las protestas de los pobladores de Nuevitas, Camagüey, en agosto de 2022. Esta última recibió una condena de 15 años de cárcel. Las maneras de expresar la libertad han cambiado, desde los mensajes en papelitos que salían de las cárceles en los años 60 y 70, pasando por las revistas independientes, los blogs y boletines digitales, hasta la sátira, los *memes* y los mensajes desafiantes en las distintas plataformas de redes sociales. Con ello, la represión ha aumentado y los cubanos inconformes siguen pagando por su audacia.
Agregar Comentario