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Ante encuestas desfavorables, poner en duda la soberanía territorial de un país vecino es el caldo de cultivo ideal para preservar la estabilidad interna. Petro sigue los pasos de Maduro y Evo Morales.
En Latinoamérica, los mapas se redibujan más rápido en los discursos de campaña que en las oficinas de Cancillería. La isla Santa Rosa, hoy epicentro de la tensión entre Perú y Colombia, es solo el capítulo más reciente de una vieja táctica regional: cuando la estabilidad interna tambalea, siempre hay un pedazo de tierra a mano para avivar el nacionalismo. Aquí, la diplomacia suele ceder el paso a la oratoria patriótica, y la soberanía se convierte en un combustible político que arde con mayor intensidad en tiempos de encuestas adversas.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, es el nuevo protagonista de esta historia de provocación geográfica. El conflicto estalló el 7 de agosto, cuando reclamó como suya la mencionada isla, situada en la triple frontera entre su país, Perú y Brasil, en el corazón de la Amazonía, en protesta por la creación el 3 de julio, por ley del Congreso peruano, del distrito de Santa Rosa de Loreto como parte de su territorio.
La isla donde se ubica este distrito surgió alrededor de 1970 debido a un proceso natural de fragmentación de la parte sur de la isla peruana de Chinería. Por el este limita con las ciudades de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). Allí residen pobladores peruanos, que suman alrededor de 1,800 habitantes, quienes poseen documentos de identidad y gozan de los servicios estatales del gobierno peruano.
Perú afirma que tratados internacionales como el de Río de Janeiro de 1934 lo respaldan y que la postura de Petro se debe a un desconocimiento, aunque, a decir verdad, al reclamar la isla, Petro busca desviar la atención y encubrir los escándalos internos que lo acechan, como el caso de corrupción sobre la compra de carrotanques con sobrecostos y el desvío de fondos para supuestamente sobornar a congresistas a cambio de apoyo a sus reformas sociales.
La justicia también investiga la presunta financiación ilícita de su campaña presidencial, donde se presume que hubo donaciones de narcotraficantes a favor de su hijo Nicolás.
A todo esto, en junio de 2025, la desaprobación de Petro alcanzó su punto más alto, y aunque tuvo una recuperación leve en agosto, el rechazo persiste notablemente por encima del apoyo. El 89% de los colombianos cuestionan la crisis de inseguridad ciudadana que, afirman, ha empeorado durante su mandato, y la convocatoria unilateral de consultas populares, como la de la reforma laboral. Tampoco ha habido mejoras en salud, lo que genera la percepción de un gobierno poco eficiente, y se restringió la exploración energética, afectando las expectativas de crecimiento económico.
Estos acontecimientos han impactado su credibilidad y lo han llevado a buscar una narrativa que le devuelva protagonismo y fortalezca su base electoral.
Evidentemente sí, lo está haciendo. Trasladó la conmemoración de la Batalla de Boyacá a Leticia para evitar una protesta minera que le estaba restando apoyo social. Llamó a la defensa de la soberanía y no descartó recurrir a tribunales internacionales si no se resuelve el diferendo con Perú por vías diplomáticas. Una puesta en escena en la que cada declaración grandilocuente adquiere un tono épico.
Por su parte, la sociedad peruana está convencida de que el mandatario colombiano emplea el tema como cortina de humo. La maniobra llega justo cuando su coalición, el Pacto Histórico, necesita posicionarse de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026. Y, como en tantas otras historias latinoamericanas, el verdadero campo de batalla no está en el territorio en disputa, sino en la opinión pública.
Basta con mirar el conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, que siempre se reactiva especialmente en momentos de crisis económica, sanciones y aislamiento diplomático de la dictadura de Nicolás Maduro. Aunque la disputa por este territorio se remonta al siglo XIX, Maduro la ha convertido en un recurso constante cada vez que la economía colapsa o las protestas amenazan con encender las calles. Algo de todos los días.
En diciembre de 2023, el referéndum sobre esta región fue una clara estrategia para apelar al nacionalismo y legitimar al gobierno antes de las elecciones que, seis meses después, terminó perdiendo, pero mantuvo el poder con maniobras judiciales denunciadas hasta hoy. Así demostró, una vez más, que la disputa territorial es, para su régimen, un salvavidas de aparición recurrente.
Este año, Maduro intensificó la presión con planes para establecer una zona militar especial y otorgar licencias petroleras en el área, acompañados de maniobras militares en la frontera que buscan reforzar el discurso antiimperialista debido al apoyo estadounidense a Guyana. Su actitud confirma que en América Latina la exaltación patriótica sigue siendo la coartada predilecta para desviar la atención de los problemas y escándalos internos.
En la Bolivia de Evo Morales ocurrió algo similar. Tras años de insistir en la demanda marítima contra Chile, el fallo de La Haya de 2018 fue completamente desfavorable para su país: determinó que Chile no tenía ninguna obligación jurídica ni diplomática de negociar una salida soberana al mar. Sin embargo, el expresidente y su entorno se aferraron a una frase del veredicto que señalaba que el fallo “no impedía” que ambos países dialogaran, algo que en realidad solo aludía a la posibilidad de conversaciones bilaterales voluntarias.
En los últimos meses, ya inhabilitado para postularse, Morales llamó a votar nulo en las elecciones presidenciales de 2025 y volvió a abrir la puerta a retomar la causa marítima como bandera. En su retórica, es probable que el tema del mar continúe apareciendo como un recurso de agitación.
La isla, el mar o el río son solo pretextos: lo verdaderamente importante es el poder. El nacionalismo sigue siendo el refugio preferido de aquellos malos gobernantes que no quieren dar explicaciones por sus fracasos.
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