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El decomiso de RD$2 mil millones en efectivo a favor del Estado Dominicano, RD$600 millones para las distribuidoras de energía Ede-Este, Ede-Sur y Ede-Este y un inmueble valorado en RD$50,901,692.00, son parte de los acuerdos pactados por Maxi Montilla a través del criterio de oportunidad acordado con el Ministerio Público a cambio de la suspensión de la persecución penal en su contra, debido a su participación en actos de corrupción administrativa.
La aplicación del criterio de oportunidad implica para Montilla también la disolución societaria, en dos años, y luego del pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de las siguientes empresas:
Transformadores Salomón Dominicana, S.A.S, Electrocable Aluconsa, S.A.S.,; NSD Importaciones Diversas, S.R.L., Distribuidora de Materiales Eléctricos EEE, S:R.L.; Distribuidora Eléctrica HenanJinsshui, S.R.L., Importadora Eagleris, S.R.L., MG Salomón Corporation; TLC Negocios Globales, S. R. L. WatmaxLighting, S.R.L., y Herrajes Eléctricos RPC, S.R.L.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) utilizó esta herramienta legal prevista en los artículos 34 y 370.6 del Código Procesal Penal, después de que Montilla admitiera la culpabilidad de los hechos que se le imputan de haber cometido contra el Estado Dominicano y las EDES, mostrara arrepentimiento y se comprometiera a testificar sobre toda la información que posee.
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Según el acuerdo, una investigación interna iniciada en esta nueva administración para determinar la situación real de las EDES puso en evidencia la presunta existencia de “una estructura mafiosa que drenaba económicamente dichas empresas”.
Entre las acciones ilegales atribuidas a esa estructura se encuentra el haberse beneficiado con contratos millonarios que suman USD57,058,069.76 “mediante un mecanismo de extorsión y/o soborno”.
Se destaca que el total de los fondos de financiamientos internacionales ejecutados en la gestión de Rubén Bichara como vicepresidente ejecutivo de la CDEEE ascendió a USD488 millones, los cuales supuestamente habrían sido “malversados, defraudados y sustraídos por la asociación” que presuntamente integraban además de Montilla, Luis Ernesto de León Núñez, Julio César Correa, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez, “y una serie de cómplices, testaferros y sociedades comerciales…”.
La querella penal con constitución en actor civil contra el grupo fue interpuesta por el Estado y las EDES por estafa agravada y otros delitos conexos.
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