Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
En un comunicado a EFE, la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que “el ataque ordenado por el presidente se llevó a cabo contra las actividades de una organización catalogada como terrorista, en defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos y en pro de la defensa colectiva de otras naciones que han padecido por mucho tiempo el tráfico de narcóticos y las acciones violentas de cárteles”.
La portavoz agregó que el ataque del martes “fue acorde a las leyes de un conflicto armado”. “Esta acción de precisión en aguas internacionales se ejecutó de manera que minimiza el peligro para el personal estadounidense y no requirió el empleo de fuerzas en tierra”, detalló.
La Casa Blanca, que asegura que la embarcación era operada por integrantes de la organización transnacional Tren de Aragua, está empleando un lenguaje que parece aludir a las facultades presidenciales de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), con la que en 2001 el Congreso autorizó al Ejecutivo a recurrir al uso de la fuerza militar contra miembros de al Qaeda u otros grupos terroristas islámicos para prevenir futuros actos de terrorismo internacional contra EE.UU. o sus aliados.
La Administración Trump dejó claro con esta respuesta que considera que su lucha contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua o el escurridizo Cartel de los Soles (cuya cúspide Washington atribuye al gobierno chavista) es un conflicto armado con un bando beligerante definido, algo que podría responder a la intención de ajustarse a las leyes internacionales y las leyes nacionales de guerra.
En una entrevista este miércoles, el senador republicano del ala libertaria Rand Paul aseveró que, aunque no tiene ninguna simpatía por “unos narcotraficantes que quieren infiltrarse en nuestro país”, no es la “política” de Estados Unidos asesinar a sospechosos de narcotráfico sin demostrar su culpabilidad antes.
“Si esto ocurre en aguas cercanas a Miami y si esta gente no nos dispara, nosotros no les disparamos; les confiscamos la droga; van a la cárcel, pasan por un juicio y se les condena si tenían drogas. La razón por la que no asumimos que son culpables y los matamos es por si cometemos un error y resulta que son personas huyendo de Venezuela”, indicó el senador al canal conservador Newsmax.
“No volamos por los aires barcos que ingresan en nuestras aguas a no ser que vayan a atacar otra nave o se resistan con fuego armado”, agregó. “Estas operaciones siempre han sido operaciones de control costero policial y de aplicación de la ley”, explica a EFE Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
“Lo que parece es que el presidente dio una orden ilegal el otro día y ahora están intentando encontrar una justificación para que parezca legal”, añade Isacson. En su opinión, este tipo de acciones militares solo podrían darse mediante los poderes de guerra por parte del Congreso.
“El presidente declarando unilateralmente que estamos en guerra no va a sobrevivir ante un tribunal, de la misma manera que el Quinto Circuito acaba de poner freno al argumento de que Venezuela estaba realizando una incursión predatoria en los Estados Unidos” a través de la llegada de inmigrantes indocumentados, comenta.
“Seguramente los que iban en el barco eran contrabandistas, pero probablemente había pescadores o migrantes, porque muy a menudo mezclan carga, ¿Por qué iba a haber once personas en esa barquita?”, opina Isacson. El ataque del martes se produjo en medio de la escalada de la tensión con Venezuela, tras un despliegue naval significativo de destructores y navíos de asalto anfibio en aguas internacionales cercanas al país andino y la insistencia de que Nicolás Maduro es el líder de un narcoestado.
Agregar Comentario