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Esta participación reviste una notable importancia, pues el informe fue empleado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como sustento de la averiguación de la Operación Calamar, que se dio inicio en 2020. El letrado del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, Mario Aguilera, requirió al juzgado que lleva el caso Calamar que se deje constancia en acta de que el informe de la Contraloría General, pieza documental que funcionó como base de la acusación, nunca fue comunicado a la defensa. Aguilera sostuvo que, por esa falta, la defensa careció de la posibilidad de revisar y controvertir el contenido del informe, un prerrequisito contemplado en la Ley 107‑13 relativa a los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo. «Ese informe está presente, ha sido citado como evidencia en este proceso y nunca nos fue notificado. En consecuencia, nunca pudimos ejercer la contradicción correspondiente», enfatizó el abogado. Esta participación reviste una notable importancia, pues el informe fue empleado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como sustento de la averiguación de la Operación Calamar, que se dio inicio en 2020. A partir de dicho documento se erigieron las imputaciones contra Guerrero y varios exfuncionarios, señalando presuntas anomalías en desembolsos de expropiaciones que excedieron los 17.000 millones de pesos en el período comprendido entre abril y junio de 2020. De acuerdo con fuentes del ámbito jurídico, la falta de notificación de un documento con aquella relevancia vulnera de forma directa el derecho al debido proceso y podría afectar la legitimidad de las actuaciones del Ministerio Público. «Ahora que se alude a ello, manifestamos gran interés en que quede registrado en acta que nunca se nos notificó como defensa de Donald Guerrero y, por ende, nunca ejercimos la contradicción respectiva», añadió Aguilera. La sesión también se caracterizó por nuevos desistimientos a favor del exmandatario. Al igual que la semana anterior, diversos querellantes notificaron al juzgado su retiro de las acusaciones contra Guerrero. Entre ellos se encuentran la Fundación Alfredo Nóbel, que desistió de su querella y demanda particular, así como representantes de la familia Mota, titulares de títulos de propiedad y partes de contratos con el Estado. En audiencias recientes, aproximadamente 40 herederos de la familia Reyes, bajo la representación de Patricio Mañón y Julio César Ventura, adoptaron la misma postura, pidiendo además que se ordene el abono del 20 % pendiente a los propietarios. Este jueves también intervinieron querellantes que no poseen títulos de propiedad. El año anterior, dichos individuos fueron señalados como querellantes falsos al no contar con derechos de propiedad registrados y al presentar poderes firmados por personas fallecidas hace varios años. A estos desistimientos se añade la extinción de la acción penal promovida por más de 260 querellantes particulares, resolucionada por el Tribunal del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, al considerar que sus acciones fueron «mal promovidas» por falta de representación legal adecuada y de los poderes correspondientes.
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