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La inclusión y la educación financiera se han convertido en factores clave para el desarrollo sostenible en sus dimensiones ambiental, social y productiva. En América Latina, donde continúan los elevados índices de informalidad, desigualdad y exclusión del sistema financiero, su impulso resulta urgente y estratégico. Estos componentes no solo facilitan el acceso a servicios financieros básicos, sino que también refuerzan la resiliencia económica de hogares y empresas, favorecen la formalización y ayudan a disminuir las brechas estructurales que caracterizan a la región.
América Latina muestra una gran heterogeneidad en cuanto a inclusión y educación financiera. Mientras naciones como Chile y Uruguay han conseguido avances notables gracias a marcos regulatorios firmes y una mayor penetración bancaria, otros países como Colombia y Panamá siguen enfrentando brechas importantes, sobre todo en áreas rurales y entre microempresarios. En Colombia, pese a iniciativas como la Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera y programas gubernamentales como la Banca de las Oportunidades, persiste una alta dependencia de distintas formas de crédito informal, como los conocidos préstamos “gota a gota”, con tasas de interés que superan el 300 % anual. Según el Departamento Nacional de Estadística, el 51 % de los microempresarios no dispone de productos formales de ahorro o crédito.
Chile, por su parte, destaca por su sistema de pagos digitales y el programa CuentaRUT, una cuenta de depósitos a la vista que incluye una tarjeta de débito sin costo de mantención ni apertura, la cual ha bancarizado a millones de personas. Sin embargo, la educación financiera sigue siendo incipiente. Panamá muestra una alta inclusión financiera nominal, pero con poca profundidad en productos crediticios para pymes y poblaciones vulnerables. Uruguay, con una de las tasas de bancarización más altas de la región, ha puesto en marcha con éxito programas de educación financiera en escuelas y mediante plataformas digitales.
La innovación financiera ha sido impulsada por la tecnología FinTech y las alianzas público‑privadas. Entre las tendencias más relevantes se encuentran las billeteras digitales y los corresponsales bancarios, que han ampliado el acceso a servicios financieros en zonas remotas, y los microcréditos con scoring alternativo que utilizan información proveniente de fuentes no tradicionales, como transacciones no financieras, para evaluar el riesgo.
A pesar de estos progresos, la educación financiera sigue siendo débil. En Colombia, según un estudio impulsado por Asobancaria, más del 40 % de los vendedores en plazas de mercado de Bogotá desconoce conceptos básicos como la tasa de usura. Esta brecha de conocimiento persiste incluso con iniciativas innovadoras de bancos colombianos que ofrecen cursos en línea y fomentan el ahorro infantil. En otros países de la región se han puesto en marcha estrategias novedosas como plataformas de educación financiera gamificadas, como el videojuego CAPUF “Aprende y Emprende” en Uruguay, disponible gratuitamente, o el Programa EFEC en el mismo país, que integra la educación financiera en el currículo escolar y para adultos. En Chile, el “Plan Nacional de Educación Financiera” ha logrado capacitar a más de 2 millones de personas mediante alianzas con instituciones públicas y privadas, complementado con estrategias tradicionales como ferias, talleres y concursos que combinan divulgación masiva con aprendizaje práctico. Estos esfuerzos, aunque significativos, todavía enfrentan retos importantes para conectar eficazmente la oferta educativa con las necesidades específicas de grupos como los comerciantes informales, requiriendo estrategias más focalizadas y de mayor continuidad.
Para abordar estas limitaciones de forma eficaz, es fundamental contar con datos sólidos y detallados. La disponibilidad de información desagregada resulta crucial porque permite identificar con precisión las brechas específicas que afecta a cada población, así como indicadores de resultados que midan no solo el acceso, sino también el uso efectivo y la calidad de los servicios.
Un enfoque conductual que considere sesgos como la aversión a la pérdida, el cortoplacismo y la desconfianza es esencial, junto con un ecosistema de elección que facilite la comprensión y el uso de productos financieros. Asimismo, es necesario superar obstáculos regulatorios, como la ausencia de políticas de datos abiertos y legislaciones sobre tasas de interés máximas que limitan el acceso al crédito de poblaciones de alto riesgo.
La banca multilateral juega un papel crucial en la promoción de políticas de inclusión y educación financiera, y necesita coordinarse con los gobiernos para impulsar acciones prioritarias. Entre ellas destacan la creación de fondos de garantía que reduzcan el riesgo de préstamos a pymes y sectores vulnerables, la emisión de bonos de impacto social para financiar programas de educación financiera con metas medibles, y la formación de alianzas con FinTechs para desarrollar productos escalables y de bajo costo. También es esencial facilitar líneas de crédito concesional dirigidas a instituciones microfinancieras que atiendan a poblaciones excluidas.
La banca de desarrollo de la región debe trabajar con los gobiernos para armonizar estándares que permitan que los productos sean comparables y transferibles entre países, financiar pilotos de innovaciones con evaluación rigurosa de impacto, fortalecer capacidades locales en entidades financieras y en la administración pública, y movilizar capital privado mediante mecanismos de financiamiento mixto y garantías parciales. La experiencia de la banca multilateral también puede aprovecharse para promover productos innovadores como créditos verdes para eficiencia energética y reconversión productiva, seguros paramétricos para agricultores, financiamiento en cadena basado en historiales comerciales y plataformas de microfinanciación para proyectos socioambientales.
La inclusión y la educación financiera no son solo medios para acceder a crédito, sino habilitadores transversales del desarrollo sostenible. Permiten a las pymes innovar, a las familias gestionar riesgos y a las comunidades en general avanzar hacia economías bajas en carbono. Los países de América Latina tienen la oportunidad de liderar este proceso mediante políticas coordinadas, innovación productiva y una visión a largo plazo que priorice el bienestar de las personas y del planeta.
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