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Las cifras provienen del Anuario de Estadísticas Sociodemográficas publicado por la ONE, que además recoge datos sobre educación, trabajo, seguridad social, pobreza y cultura.
El sistema de salud pública de República Dominicana reportó 9,459 abortos en 2024, según datos dados a conocer por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
La mayoría de los procedimientos se llevaron a cabo en el Servicio Nacional de Salud (SNS), que concentró 9,243 casos.
En el Hospital Central de las Fuerzas Armadas se registraron 56 abortos; en el Hospital General de la Policía Nacional, tres; y en patronatos privados y organizaciones no gubernamentales (ONG), 157.
Por regiones, la Ozama encabezó la lista con 3,026 abortos, distribuidos entre el Distrito Nacional (527) y Santo Domingo (2,499). Siguieron Cibao Norte, con 960, y Cibao Sur, con 554.
Las cifras son parte del Anuario de Estadísticas Sociodemográficas publicado por la ONE, que también compila datos sobre educación, empleo, seguridad social, pobreza y cultura.
A pesar de que los registros muestran una alta incidencia, el aborto sigue siendo un procedimiento prohibido y penalizado sin excepciones en República Dominicana.
De acuerdo con el actual Código Penal, cualquier persona que aborte enfrenta de dos a cinco años de cárcel. Para médicos, parteras o enfermeras, la pena oscila entre cinco y 20 años de prisión.
A inicios de agosto, el presidente Luis Abinader promulgó un nuevo Código Penal que, entre tantas modificaciones, excluye la despenalización del aborto y lo mantiene como un delito.
Lo excluye en el caso de que el embarazo sea producto de una violación, incesto o cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida.
La Constitución Dominicana establece que el derecho a la vida está garantizado desde la concepción hasta la muerte.
En la reforma, sin embargo, los legisladores aprobaron una exención que establece que la interrupción del embarazo practicada por personal de salud especializado no será sancionada si, para salvar la vida de la madre, el feto o ambos en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del suceso.
El nuevo Código Penal entrará en vigor en 12 meses.
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