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Washington, D.C.- La administración del presidente Donald Trump ha redoblado su ataque contra las denominadas “ciudades santuario”, con el envío de operativos migratorios a Chicago y Boston, urbes dirigidas por líderes demócratas que defienden políticas de protección a los migrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha justificado la acción con el objetivo de detener a “extranjeros criminales ilegales”, quienes, según el gobierno, se han beneficiado de las leyes locales.
El despliegue de agentes federales se produce en un contexto de fuertes amenazas por parte de Trump de enviar a la Guardia Nacional e incluso al ejército a estas ciudades, una medida que expertos legales han calificado como “ilegal” y que ha sido rechazada por los gobiernos locales.
En Chicago, la alcaldía limita la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que en Boston, el Departamento de Justicia demandó a la alcaldesa, Michelle Wu, por sus políticas pro-inmigrantes.
De acuerdo con informes, alrededor de 300 agentes federales se han instalado en la estación naval Great Lakes cerca de Chicago, y en Boston también se ha observado un aumento en la presencia de agentes del ICE.
Los defensores de las políticas santuario argumentan que estas son esenciales para la seguridad pública, ya que permiten a los migrantes denunciar delitos sin temor a la deportación.
Después de la aprobación de un paquete presupuestario multimillonario para la agenda antimigratoria de Trump, el DHS ha intensificado las detenciones a nivel nacional. En la actualidad, más de 61,200 migrantes se encuentran detenidos, la cifra más alta en años.
Un dato preocupante, según el investigador Austin Kocher de la Universidad de Syracuse, es que casi la mitad de estos detenidos (45%) no tienen antecedentes penales.
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