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Trump siempre dio la impresión de que aquel “Russiagate” había entorpecido gran parte de su primer mandato. Tras una extensa indagación dirigida por el fiscal especial Robert Mueller, el informe final concluyó sin imputar al presidente. El procesamiento del exdirector del FBI, James Comey, por perjurio constituye el primer paso en la campaña de ajuste de cuentas del mandatario Donald Trump, quien acusa a antiguos altos funcionarios de inteligencia de haber saboteado su gestión inicial.
“Francamente, espero que haya más” procesos, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca el viernes, describiendo a Comey como un “policía corrupto”. Comey dirigía el poderoso Buró Federal de Investigaciones (FBI) cuando Trump, contra todo pronóstico, se alzó con la victoria en las elecciones de noviembre de 2016.
La campaña de Trump ya estaba siendo señalada por supuesta colusión con Rusia, lo que motivó la apertura de una discreta investigación del FBI en julio de ese año, descubierta en su totalidad varios años después. Apenas llegado a la Casa Blanca, Trump tuvo que enfrentar una humillante investigación pública sobre esos alegados lazos. El republicano destituyó a Comey, pero la indagación se prolongó durante dos años.
Trump siempre pareció que aquel “Russiagate” había entorpecido gran parte de su primer período. Tras una larga investigación a cargo del fiscal especial Robert Mueller, el informe final culminó sin imputar al presidente. Algunos altos funcionarios y miembros del círculo de Trump, sin embargo, tuvieron que abandonar sus cargos.
El informe Mueller desató una amarga controversia entre los republicanos partidarios de Trump y los demócratas, que aún persiste casi una década después de todas las pesquisas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles aseguró que la acusación contra Comey es “la última de una serie de acciones de la administración Trump dirigidas contra opositores políticos del presidente y que explotan los poderes del gobierno federal para llevarlas a cabo”.
Se acusa a Comey de haber mentido al declarar ante una comisión del Senado, al afirmar que no había autorizado a uno de sus subordinados a filtrar información a la prensa. El segundo cargo en su contra es de obstrucción a la investigación, a raíz de esa supuesta falsedad.
Según Andrew McCarthy, exfiscal que investigó las ramificaciones del “Russiagate”, el procesamiento de Comey probablemente no llegará a juicio porque las imputaciones son débiles desde el punto de vista jurídico. La acusación de que Comey mentó ante el Congreso “es difícil de descifrar porque no sólo es lacónica, sino también escasa en la descripción de lo que supuestamente falsificó”, explicó la revista National Review.
El exdirector del FBI sí reconoció, no obstante, que transmitió información a un profesor de la Universidad de Columbia, Daniel C. Richman, sobre sus conversaciones con Trump, antes de ser despedido. Trump ha presionado reiteradamente a sus altos cargos para que formulen cargos y amplíen las investigaciones.
La posibilidad de presentar cargos contra Comey estaba a punto de extinguirse por prescripción legal (cinco años), y Trump lanzó un mensaje público a la fiscal general, Pam Bondi, para que acelerara el proceso. “Se trata de justicia, no de venganza”, insistió Trump este viernes.
En los primeros meses de la presidencia, el Departamento de Justicia ya había impuesto vetos a firmas de abogados que colaboraban en pesquisas contra el mandatario. Una de sus principales obsesiones es el ahora senador demócrata Adam Schiff, quien, cuando dirigía el comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes durante el primer mandato de Trump, compareció con frecuencia ante las cámaras para anunciar que las pruebas de colusión entre Trump y Rusia eran flagrantes. Schiff terminó siendo desautorizado públicamente por el pleno de la Cámara en 2023, una medida habitual en el Congreso estadounidense.
Trump también tiene cuentas pendientes con su exconsejero de Seguridad Nacional, el conservador John Bolton, cuya vivienda fue registrada por el FBI hace unos meses.
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