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La ANEIH presentó tres iniciativas que, a su criterio, deben ser consideradas en la nueva normativa sobre la cesantía laboral.
Tras las recientes manifestaciones de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), donde aclararon que no pretenden suprimir la cesantía sino adecuarla a las demandas del mercado laboral y reforzar los sectores productivos de la zona, algunos representantes sindicales ofrecieron su punto de vista.
Para el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael Abreu, el asunto ha sido objeto de un intenso debate desde 2013 por parte de los distintos actores y considera innecesario seguir discutiéndolo.
“En cuanto a la cesantía ya no hace falta más conversación; este proceso se inició en 2013, por lo que tanto los empleadores como nosotros hemos profundizado el asunto”, afirmó en un comunicado.
En una rueda de prensa ante los medios, la ANEIH expuso sus tres propuestas, que consideran esenciales para el nuevo código sobre la cesantía, e invitó a los sectores opositores a dejar de lado posturas “rigidas” y propiciar un diálogo más amplio que permita cerrar el tema y alcanzar una resolución definitiva.
En términos generales, la asociación explicó que la cesantía debería tener un límite máximo de seis años de antigüedad al calcular las indemnizaciones por despido; que las empresas puedan abonar la cesantía de forma fraccionada, incluso en un plazo de 90 días; y que el período de prueba pueda prolongarse hasta seis meses, de modo que las organizaciones decidan si contratan o no al trabajador.
No obstante, Abreu sostuvo que esas propuestas son incoherentes y contradictorias, señalando que benefician más al sector empresarial que a los trabajadores y que no está “dispuesto a aceptar chanchullos, trampas o engaños”.
Al comentar cada una de las iniciativas, acusó a su presidente, Angelo Viró, de guardar silencio por conveniencia, ya que sus colegas proponen pagar las prestaciones con base en los salarios mínimos correspondientes a las distintas áreas económicas que se derivan de las diferentes tarifas del salario mínimo establecidas por el Comité Nacional de Salarios.
“Instamos a los industriales de Herrera: mejor enfoquen sus esfuerzos en revitalizar esa zona industrial que ha decaído considerablemente; estamos seguros de que no se debe al tema de la cesantía, sino a la falta de inversión que frena su desarrollo. Como conclusión, recuerdo que en esa zona todos los sindicatos fueron eliminados, quedando solo el gremio empresarial”, señaló en el comunicado.
Por su parte, el político Rafael Alburquerque subrayó que, si existió un acuerdo entre empleadores y trabajadores durante la elaboración de la reforma laboral, corresponde al Congreso registrarlo y velar por su cumplimiento.
“Mi postura es que ese acuerdo no se alcanzó en el diálogo; al no haberse pactado, no debería incorporarse al proyecto de ley. Recomiendo que el sector empresarial de Herrera solicite una nueva mesa de diálogo para tratar esos puntos. Pero hay que respetar cualquier acuerdo, pues, si no se respeta, ¿qué sentido tendría el diálogo social en la República Dominicana? Hay que honrar el diálogo”, declaró.
Indicó que, gracias al Código de Trabajo de 1992, la paz social se ha mantenido en el país y cualquier modificación debe llevarse a cabo siempre mediante una conversación previa.
Añadió que la reforma que está tramitando el Congreso favorece al sector empleador y, desde su perspectiva, cualquier ajuste debe ser consensuado mediante un nuevo pacto.
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